Como consecuencia de las esquirlas desparramadas por los whatsapp del otrora poderoso abogado Hermosilla, la opinión pública ha conocido como funcionan las instituciones del Estado, corruptela que, al menos este columnista, está denunciando desde hace muchos años en columnas de opinión y directamente en los órganos competentes, motivo por el cual, excusándonos por la autorreferencia, nuestro parecer que describe hechos impúdicos, ha sido silenciado sistemáticamente por los medios de prensa que, por conveniencia o ignorancia técnica, los han vetado.

Ello es absolutamente comprensible debido a que esos medios le deben pleitesía a sus poderosos avisadores comerciales e influyentes grupos económicos que se aprovechan de la debilidad, por no decir negligencia, del sector público. Con esa obsecuencia se obtienen los beneficios mercantiles buscados y para evidenciar lo anterior, con contumacia hemos acreditado en los medios independientes, como éste, que los organismos de la administración, desconociendo sus atribuciones y roles, no ejercen con probidad y transparencia las fiscalizaciones que permitirían el correcto funcionamiento de los mercados en un Estado Democrático de Derecho.

En el sistema neoliberal vigente ya no se respeta la palabra empeñada, conocemos sentencias judiciales acomodaticias, dictámenes “vinculantes” de la Contraloría General de la República que se desacatan, las violaciones a las leyes y reglamentos están a la orden del día, abundan los delitos económicos, los fraudes de todo tipo, tráficos de influencias a través de lobbystas bien relacionados, informaciones privilegiadas, malversación y hurtos de fondos públicos e impunidad a todo evento, lo cual significa que la corrupción está instalada a buen recaudo. Estas impudicias son cometidas y/o avaladas, en gran medida, por todos aquellos actores privados que vociferan en contra de la llamada “permisología” en la tramitación de los actos administrativos.

El ejemplo clásico en materia de corrupción lo encontramos en la mayoría de las municipalidades que hay en el país, las que, con la asistencia de descarados leguleyos inventaron las llamadas corporaciones de desarrollo de cualquier actividad para desviar fondos, pues las mismas, por considerarse privadas, no son controladas por nadie y, ¡oh sorpresa!, a la fecha siguen operativas, aumentando los patrimonios de sus representantes.

La prensa ha informado que los diputados acusarán constitucionalmente a 5 jueces de la Suprema y a uno de la Corte de Apelaciones de Santiago, a saber: Ángela Vivanco, suspendida para ejercer su cargo, María Teresa Letelier, Mario Carroza Jean Pierre Matus, Sergio Muñoz y Antonio Ulloa, por los chats que se han conocido, pero en el caso de Muñoz, por una simple sospecha de que habría entregado documentación privilegiada a su hija Graciel, también jueza, quien deseaba devolver dos departamentos, por los cuales tenía firmada una promesa de compraventa con la empresa Fundamenta, ello a la luz de un litigio muy publicitado que estaba radicado en la 3a Sala de la Corte Suprema, en la cual Muñoz era su presidente. El fallo finalmente favoreció a la inmobiliaria, destacándose en el mismo que el Estudio de los Conos de Sombra del proyecto, por tratarse de una materia muy técnica, tenía que ser revisado por la Administración, es decir, por la Contraloría o bien por la Seremi Minvu, instancia regional que deberá aclarar la cuestión.

Los partidos políticos RN y UDI, tiendas que le enrostran a este juez su condición de progresista, por lo tanto, contrario a sus ideologías, para empatar con la jueza Vivanco, quien es del sector de ellos, desean acusarlo sin contar con argumentos válidos para proceder en tal sentido. En efecto, justifican su proceder porque la hija del aludido juez, en su negociación para rescindir de la promesa, motu proprio le expresó a la empleada de la inmobiliaria que “mi papá trabaja en la Sala que resolverá el litigio”, como una forma de presión para lograr su propósito, teniéndose en cuenta que este proyecto de 4 edificios en altura estuvo paralizado por un cierto período de tiempo, conforme a votación de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana (Coeva RM). Esta fue la razón que puso nerviosa a la hija del supremo Muñoz y que originó su petición a la empresa de rescindir el contrato.

Pero se debe saber que la inmobiliaria se molestó porque en el fallo quedada pendiente el análisis técnico del mencionado Estudio y por ello su abogado, vía astuta interpretación, sostuvo que Muñoz habría aconsejado a su hija y livianamente lo acusó en el Comité de Ética de la Suprema.

El ardid en comento, vulgar montaje, debido a que se desconoce la revelada exigencia de la 3a Sala de la Suprema, razón por la cual muchos pueden sacar conclusiones erradas, se le informó recientemente, a través de la fundación Defendamos la Ciudad, a la Asociación Nacional de Magistrados de Chile para los fines pertinentes y, con la colaboración de personas relacionadas, también se le comunicó a Alberto Undurraga, presidente de la DC, y a la senadora Ximena Rincón, para que ambos sepan a qué atenerse después de las Fiestas Patrias del Dieciocho.

No nos referiremos mayormente al burdo, y hasta festivo, episodio de la muñeca bielorrusa porque es sumamente conocido y al respecto tocó la casualidad que la empresa que en un fast truck de algunos minutos le ganó el juicio a Codelco, en la 3a Sala de la Suprema, presidida ocasionalmente por la jueza Vivanco, fue defendida por el estudio jurídico Lagos, Silber & Vargas, sí, este último, el mismo que no es amigo de esta jueza, a pesar de que asiste a sus fiestas, sino tan solo es un simple “conocido” de ella.

Consideramos propicio señalar que en días pasados, en una entrevista en un canal de televisión y en una columna de opinión publicada en un medio de prensa escrito, el conocido abogado Jorge Correa Sutil, sin pelos en la lengua, como corresponde, si queremos erradicar la mugre institucionalizada, denunció que en el período de la dictadura, los jueces de la Suprema imponían precios a los abogados litigantes afines al régimen, para que las sentencias les fueran favorables, práctica indecente que se mantuvo durante los primeros años del sistema democrático.

En conclusión, nos parece que carece de sentido modificar el sistema para el nombramiento de los jueces, pues aquellos que se tientan con las trampas siempre encontrarán las fórmulas para cometerlas y por ello, el mejor antídoto, cuando se detectan y ahora es más fácil que antes, gracias a las herramientas electrónicas, es la sanción muy drástica, pues será ejemplificadora para el resto, ello a sabiendas que la corrupción siempre estará con nosotros y la tarea urgente es reducirla para que el sistema pueda funcionar.