La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema dictó sentencia definitiva y de reemplazo, condenando a cuatro ex uniformados como autores del secuestro calificado de 11 campesinos, hechos ocurridos en octubre de 1973, en lo que se conoce como el episodio Paine Aculeo.

De esta manera, los ministros Manuel Antonio Valderrama y Jean Pierre Matus, el ministro suplente Juan Manuel Muñoz, y los abogados integrantes Juan Carlos Ferrada y Eduardo Gandulfo confirmaron las condenas emitidas por la Corte de Apelaciones de San Miguel en septiembre de 2022 y condenaron a los oficiales del Ejército en retiro Iván de la Fuente y Alfonso Faúndez Norambuena; y el prefecto de Investigaciones  Roberto Arcángel Rozas Aguilera, a la pena de 18 años de presidio mayor en su grado máximo como autores del secuestro calificado de las once víctimas.

En tanto, el ex oficial de división del Ejército, Julio Cerda Carrasco, recibió una condena de 15 años como autor del mismo delito ejecutado contra cinco de las once víctimas. Asimismo, de acuerdo a la investigación, hay oficiales de Ejército que no alcanzaron a ser condenados porque fallecieron durante el proceso, tales como Víctor Pinto Pérez, Andrés Magaña Bau y Alejandro Valdés Visitainer; y al excarabinero, Sergio Avila Quiroga.

El máximo tribunal, por unanimidad, rechazó todos los recursos de casación formulados por las defensas de los condenados. Confirmó íntegramente el fallo de primera instancia dictado por la Ministra Marianela Cifuentes, instructora de la causa. Igualmente dejó sin aplicación la media prescripción solicitada por los condenados, y en el aspecto civil, la Corte Suprema al acoger recurso de casación de los representantes de las víctimas, dejó sin efecto el fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que había rebajado sustancialmente los montos otorgados por la Ministra Cifuentes a los familiares.

Al respecto, el abogado de 10 de las víctimas, Nelson Caucoto Pereira, señaló que con este fallo terminal del máximo tribunal de la República, en el “Episodio Aculeo”, están “culminando un mega proceso que comprende en total 70 víctimas, denominado ‘Caso Paine'”.

“Ha sido un trabajo gigantesco de la justicia chilena, expresado en las personas de María Stella Elgarrista, Héctor Solís, y finalmente la ministra Marianela Cifuentes, quienes desplegaron grandes esfuerzos por satisfacer los legítimos anhelos de los familiares de las víctimas, en su gran mayoría campesinos de la zona, por buscar justicia para sus seres queridos”, enfatizó.

En ese sentido, Caucoto agregó que a nivel judicial “se está cerrando positivamente un periodo triste, irrepetible y de mucho dolor para tanta gente humilde”, cuyos derechos fueron “arrasados por la dictadura militar“.

Asimismo, el abogado explicó que lo que ha hecho el Poder Judicial con este caso “es algo que nadie pudo imaginar en el pasado“. “¿Quién pensó que se podía avanzar en el esclarecimiento de los hechos y que los autores de estos crímenes aberrantes, que aún sobreviven irían a la cárcel, y que esos familiares recibirán reparación?”, cuestionó el profesional.

“Ha sido en concreto, una buena forma de reivindicar el trabajo de tribunales de justicia, que vienen a superar y dejar atrás tiempos de oscuridad y de completa impunidad del pasado”, explayó el abogado. En esa misma línea, Caucoto remarcó que hoy los familiares de las víctimas “pueden mirar con más esperanzas el futuro, la sanación llega también con la justicia”.

De acuerdo a la investigación, los condenados detuvieron, torturaron y ejecutaron a los trabajadores agrícolas Santo Calderón Saldaño, Benjamín Camus Silva, José Manuel Díaz Inostroza, Rolando Donaire Rodríguez, Luis González Mondaca, Francisco Lizama Irarrázaval, Pedro Meneses Brito, Juan Manuel Ortiz Acevedo, Luis Ortiz Acevedo, Bautista Oyarzo Torres y Jorge Pavez Henríquez, entre el 13 y 20 de octubre de 1973 en la zona rural de Aculeo. Una vez asesinados, sus cuerpos fueron abandonados algunos en el Puente del río Maipo y los otros, en un Fundo de Pirque.