Esta semana se conmemora un año dramático. Un año de los terribles ataques de Hamás y la devastadora respuesta militar de Israel contra la población palestina. Los ataques de Hamás dejaron 1.200 personas asesinadas y cientos de personas secuestradas. Como consecuencia de la reacción posterior del Estado de Israel, calificable como un verdadero castigo colectivo, el pueblo palestino cuenta con más de cuarenta mil personas asesinadas, entre ellas, miles de mujeres, niños, niñas y adolescentes; múltiples ataques a escuelas y hospitales y casi dos millones de personas desplazadas. 

Con esta información la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha iniciado investigaciones por crímenes contra la humanidad, que sin duda es necesario acelerar para esclarecer los hechos. Pero todo esto, no es algo nuevo, sino algo que viene de mucho tiempo atrás. Las violaciones de derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado (TPO) e Israel comenzaron mucho antes de los atentados del 7 de octubre. 

No debemos olvidar que en 1948, el pueblo palestino fue víctima de la Nakba o “catástrofe”, cuando se produjo la expulsión y el desplazamiento masivo de más de 700.000 personas palestinas de sus hogares y, desde 1967, Israel mantiene la ocupación de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, siendo la ocupación militar más larga y una de las que más muertes causa en el mundo. 

Amnistía Internacional lleva años investigando y denunciando el cruel sistema israelí de apartheid y la ocupación ilegítima, sobre la que el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado algunas resoluciones.

En febrero de 2022 el informe “El apartheid israelí contra la población palestina: Cruel sistema de dominación y crimen de lesa humanidad” de Amnistía Internacional daba muestra de cómo Israel impone un sistema de opresión y dominación a la población palestina en todas las zonas bajo su control (en Israel y en los TPO) y a las personas refugiadas palestinas, a fin de beneficiar a la población israelí judía constituyendo, por tanto, apartheid, lo que está prohibido por el derecho internacional.

Desde el inicio de los ataques Amnistía Internacional ha hecho un rotundo y fuerte llamado por el alto al fuego inmediato y a la liberación de rehenes, pero la comunidad internacional ha fracasado en frenar los crímenes de guerra y los suministros de armas. El Estado de Israel ha menospreciado las más básicas reglas de la guerra y sigue pisotenado la dignidad de miles de personas del pueblo palestino. 

Ante este panorama desolador no queda más que seguir alzando la voz y visibilizar las fatales consecuencias para todas las personas, pero especialmente para los grupos de especial protección como son los niños, niñas, adolescentes y mujeres. La indiferencia nunca será la respuesta y seguiremos insistiendo hasta que prevalezcan los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. La humanidad debe prevalecer.