El martes 15 de octubre pasado, la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso aprobó  el megaproyecto inmobiliario “Desarrollo Urbano Habitacional Maratué de Puchuncaví”, el cual triplicará la población de esta comuna rural. Sin duda, esta decisión política dejó de lado la basta evidencia científica disponible para precautelar la salud humana y la naturaleza.

Quirilluca es parte de la Estrategia Regional de Conservación de la Biodiversidad para el Sitio Prioritario N° 1 de la Región de Valparaíso denominado “Acantilados de Quirilluca”. La comunidad organizada ha presionado al Ministerio de Medio Ambiente para que cumpla su compromiso de declarar la zona como Santuario de la Naturaleza desde hace varios años. Existe una propuesta técnica financiada con fondos públicos desde el año 2015, así como otra elaborada y financiada por el propio Ministerio de Medio Ambiente del año 2019. La empresa propone 125 hectáreas para la conservación, mientras que estudios técnicos indican que lo recomendable es la conservación de, al menos, 360 hectáreas correspondientes al sector donde se encuentra este desarrollo inmobiliario, en un contexto de más de 450 hectáreas con presencia de bosque nativo del tipo esclerófilo, bosque relicto de Belloto del Norte y red de humedales.

Los lugares de interés biológico coinciden parcialmente con los geositios de los Acantilados de Quirilluca, La Playa Larga de Horcón. Dichos acantilados son uno de los cinco geositios reconocido por la Sociedad Geológica de Chile al considerarse verdaderas “paleodunas” por depósitos eólicos sobre la formación geológica Horcón del periodo Plioceno Superior. Se han encontrado fósiles de moluscos, peces, aves y mamíferos. Destaca la presencia de restos de perezosos adaptados al medio acuático, del género Thalassocnus, que vivieron en el lugar hace 3 a 2 millones de años, al final de la época del Plioceno. Otra característica que tienen estos acantilados es que están en constante erosión y transformación producto del oleaje y el viento. Por esto se denominan acantilados activos y en sectores cercanos, donde se han desarrollado otros proyectos inmobiliarios, se han generado problemas estructurales en las edificaciones, como por ejemplo, en la Torre Océano del condominio Altomar de Horcón que tuvo que construir un rompe olas sobre la arena de playa.

Uno de los nudos críticos del megaproyecto inmobiliario es la contaminación del suelo por arsénico. Chile no cuenta con normativa de Arsénico presente en suelos, por lo que se buscan parámetros internacionales que minimicen los riesgos para la salud y que sean de zonas comparables. La discusión en torno a qué normativa internacional utilizar en términos metodológicos y de interpretación de los datos es parte de este conflicto socioambiental. En primera instancia, la empresa utilizó la norma australiana para usos de suelos industriales, pero como resultado del Recurso de Reclamación ante el Comité de Ministros, en el año 2019, la autoridad del SEA sugirió utilizar una norma que tuviera mayor coherencia con las características del proyecto y del contexto nacional, lo cual determinó el regreso del proyecto a evaluación ambiental perdiendo la RCA. El argumento central de la empresa para destrabar este nudo crítico en la opinión pública y en la toma de decisiones de autoridades, basado en una ponencia de un congreso de geología del año 2015, sólo contempla muestras de suelo, sin estudios relacionales con variables de la salud humana.

En el año 2022, fue publicado un artículo científico denominado “Concentración de arsénico en la capa superficial del suelo de Chile central se asocia con la metilación aberrante del gen P53 en células sanguíneas humanas: un estudio transversal” de investigadores de la Universidad de Valparaíso y de la Pontifica Universidad de Valparaíso. Este estudio realizó mapas de concentración de arsénico, plomo y cobre con más de 600 muestras de suelo; y estudio en la salud humana con 280 muestras de sangre de residentes por más de cinco años en la zona. El estudio advierte que los habitantes que viven dentro o en las inmediaciones de la denominada “zona de sacrificio ambiental” tienen mayor riesgo de presentar una falla epigenética en la producción de la proteína P53 en la supresión de tumores, es decir, son más propensos a padecer cáncer.

Esta situación corresponde a un escenario de ciencia posnormal que surge en crisis sociales urgentes -como la vivienda en esta zona de sacrificio, en el cual el conocimiento científico se presenta como incierto e incompleto. La decisión sobre el proyecto Maratué del Comisión Regional de Evaluación Ambiental de Valparaíso pasa por alto la aplicación del Principio de Precaución que, en el debate de ciencia posnormal y derecho internacional, es primordial para la toma de decisiones ante escenarios de alta incertidumbre en sistemas complejos.

La eventual afectación de la propuesta de conservación “Acantilados de Quirilluca” impulsada por la comunidad y respaldada por documentos financiados con recursos públicos, conlleva a la considerable pérdida de evidencia para la investigación científica de patrones de adaptación de la vida en campos dunares ante cambios climáticos, lo cual es trascendental para la comprensión de la adaptación climática en otros campos dunares de la Región de Valparaíso y Chile Central, como las Dunas de Concón, Dunas de Ritoque o las Dunas de Chépica (Gota de Leche), usualmente asociados a especies nativas relictas y sistemas de humedales. Además, la exposición a metales pesados presentes en el suelo de Quirilluca por tiempos prolongados conllevaría, eventualmente, al aumento de la complejidad para la investigación de afectaciones en la salud humana y, por ende, un aumento de toma de decisiones de índole política para enfrentar nuevos escenarios inciertos en un territorio cuyos servicios públicos, como los servicios de salud y de fiscalización medioambientales, son muy limitados en su capacidad de respuesta y cobertura.

La ciencia posnormal propone una co-evolución entre ciencia y sociedad mediante la toma de decisiones por una comunidad de pares extendida que incluya a todos los afectados por el problema. La toma de decisiones complejas por comités de evaluación ambiental, constituidos exclusivamente por autoridades políticas, impide la distinción entre la evidencia científica de riegos y factores inciertos, valores sociales y creencias epistémicas respecto a los distintos escenarios que presenta un problema, lo cual impide un proceso democrático e incentiva su judicialización y escalamiento en conflictividad.

En el caso de Quirilluca, se necesita urgentemente la apertura del debate basado en información científica y la apertura de un proceso democrático para la toma de decisiones a impulsar por el próximo gobierno local y gobierno regional en virtud de la alta incertidumbre y riesgos asociados, con un enfoque centrado en la sustentabilidad y un desarrollo que tenga por base la preservación de los bienes naturales comunes, que garantice la salud de la población, y que al mismo tiempo dé respuesta a las necesidades básicas de las personas, en un contexto de déficit habitacional.

Es precisamente la búsqueda de este equilibrio el que ha llevado a las organizaciones ambientales de Puchuncaví a activar un conflicto socioambiental que data desde el año 2017, pues al no incorporar en la toma de decisiones perspectivas con la pertinencia e identidad territorial, se crea un desajuste que desencadena malestar social. Profundizar en la participación e incidencia ciudadana y profundizar en la democracia es clave para que la sociedad y las decisiones que se tomen sean coherentes con las condiciones objetivas y subjetivas de los territorios.

Patricia González Toro, docente e investigadora, colaboradora del Atlas Global de Justicia Ambiental.
Ricardo Quero, concejal de la comuna de Puchuncaví y activista ambiental.