Chile fue testigo de graves y masivas violaciones de derechos humanos en octubre de 2019 y también de la impunidad de estos hechos a manos de agentes estatales durante los últimos cinco años. Sin embargo, hoy, con la reciente formalización de tres ex altos mandos de Carabineros, estamos ante un momento histórico que podría transformar esa realidad, no solo en Chile, sino en toda la región. Este hecho marca un antes y un después en la búsqueda de justicia por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese periodo.

El proceso judicial iniciado contra Mario Rozas, Ricardo Yáñez y Diego Olate, las máximas autoridades de Carabineros en ese momento, comenzó con la formalización por la imputación por el delito de apremios ilegítimos con figura omisiva, es decir, cuando un funcionario policial, abusando de sus atribuciones y sin cumplir las formalidades indicadas por la ley, priva a un tercero su libertad personal o incluso realiza vejámenes o tormentos en medio de la situación y, además, siendo personas con cargos de alta responsabilidad y teniendo conocimiento de aquello no tomaron las medidas necesarias para evitarlo y sancionarlo como corresponde.

Durante las recientes audiencias, se manifestó que los altos mandos habrían incumplido con su deber en al menos cuatro áreas: en el control y reglamentación del uso de armamento y municiones, en la promoción y cumplimiento de los derechos humanos, en la supervisión de sus subordinados y en el mantenimiento de la disciplina dentro de la institución, de acuerdo a lo señalado por la Fiscalía en su formalización.

En cuanto al control del uso de armamento, la falta de reglamentación adecuada y el uso indiscriminado de la fuerza llevaron a miles de personas a sufrir lesiones irreparables. Los informes técnicos y las advertencias previas, como la del Colegio Médico el 20 de octubre de 2019, no fueron suficientes para que las autoridades tomarán medidas efectivas. En lugar de proteger a la ciudadanía, se habría permitido el uso masivo de municiones peligrosas, como los 114.073 cartuchos disparados solo en octubre de ese año. Si este cálculo se reduce a las horas de manifestaciones durante las jornadas, hablamos de 680 cartuchos por hora y 11 cartuchos cada minuto. De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía cuando un jefe policial intentó restringir el uso de las escopetas antidisturbios, Mario Rozas habría anulado esa decisión.

Por otra parte, los espacios formativos sobre derechos humanos, que deberían ser una prioridad en cualquier fuerza de seguridad, no cuentan con ningún registro de asistencia ni evaluación. 

En relación al deber de supervisión, como parte de la obligación y responsabilidad de un alto mando de esta institución, consta que, a pesar de que las autoridades de Carabineros tenían la obligación de vigilar la conducta de sus subordinados, no lo habrían hecho. La Circular 1.832, que establece que cualquier uso indebido de la fuerza genera responsabilidad en los mandos superiores, no fue aplicada con rigor. Incluso cuando finalmente se adoptaron medidas para registrar las acciones policiales, como el uso de cámaras corporales, no se establecieron mecanismos para revisar y sancionar los abusos registrados en video, según se desprende de la formalización.

Por último, el deber de disciplina, esencial para mantener el orden y la responsabilidad dentro de la fuerza policial, también habría sido incumplido. A pesar de que los informes de contingencia mostraban cifras alarmantes de civiles heridos, los altos mandos no habrían tomado medidas suficientemente eficaces para investigar ni sancionar los abusos. En el periodo, 1.794 querellas fueron interpuestas contra Carabineros. Sin embargo, los procesos administrativos por el mismo período fueron sólo 1.460. Apenas un 7,7% de los 517 sumarios y un 5,6% de las 943 investigaciones sumarias terminaron con sanciones.

Lo que sucedió en Chile durante el estallido social no fue un hecho aislado. A lo largo de las Américas hemos sido testigos de manifestaciones donde los derechos humanos son violados de manera reiterada por las fuerzas de seguridad como ocurrió en Perú en las marchas en diciembre de 2022 o en Colombia en mayo de 2021 donde la represión policial a manifestantes fue desproporcionada y brutal. 

Chile tiene la oportunidad de sentar un precedente que sirva en el camino hacia la justicia a otros países de la región. La impunidad no puede seguir siendo la norma y esta imputación lo demuestra. El camino hacia la justicia es largo y, como hemos visto, todavía queda mucho por recorrer. Actualmente, los tres imputados deberán permanecer en el país con arraigo nacional y firmar quincenalmente en la Fiscalía hasta que el periodo investigativo concluya. Los 120 días de investigación que se han acordado son solo el comienzo, pero es posible que la investigación se extienda, teniendo como plazo legal de dos años. Las víctimas merecen justicia y la sociedad merece garantías de que estos hechos no volverán a repetirse.

La lucha por la justicia no termina con la imputación de los responsables, pero es un gran paso y muy necesario para construir un futuro donde las fuerzas de seguridad estén al servicio de la ciudadanía y no en su contra.