El Tribunal Constitucional acogió por una mayoría de sus miembros la reclamación realizada por el Ejecutivo y declaró inconstitucional 13 glosas de la Ley de Presupuesto, impulsadas en el trámite legislativo por la oposición, que buscaban, entre otras cosas, la suspensión de la Ley Lafkenche, que alumnos sancionados por Aula Segura no puedan optar a la gratuidad universitaria y evitar que el Estado financie los tratamientos para personas menores de edad transgénero.

Con esta resolución del órgano jurisdiccional, dichas normas que fueron aprobadas en el Congreso Nacional serán eliminadas del texto de la ley N°21.722.

El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, lamentó que “se ha transformado en una costumbre parlamentaria declarar admisibles mociones o indicaciones de origen parlamentario, que van en contra de la Constitución y que incluso las secretarías técnicas de ambas cámaras han declarado inadmisibles”.

Para la diputada del Frente Amplio, Camila Rojas, “este fallo lo que demuestra es que la derecha efectivamente nos hizo perder tiempo y recursos durante la tramitación de la Ley de Presupuesto más allá de la opinión política que podemos tener sobre algunas de las glosas”.

“La derecha sabe y sabía perfectamente cuáles son las normativas de la tramitación de la Ley de Presupuesto, y desde que ingresaron y alargaron excesivamente el debate con estas glosas sabían que iban a ser declaradas inconstitucionales porque son materias exclusivas de atribución del gobierno”, afirmó.

Terapias hormonales

El Tribunal Constitucional definió, por 07 votos contra 03, anular la indicación dentro de la legislación presupuestaria que prohibía al Ministerio de Salud financiar las terapias hormonales en niños, niñas y adolescentes (NNA).

En contra de la norma, se manifestó la presidenta del TC, Daniela Marzi, y los ministros, Nancy Yáñez, María Pía Silva, Raúl Mera, Catalina Lagos, Alejandra Precht  y Mario Gómez. En tanto, votaron a favor los ministros Miguel Ángel Fernández, Héctor Mery y Marcela Peredo.

La glosa establecía que “el Ministerio de Salud no podrá financiar gastos relacionados con la adquisición, prescripción o administración de medicamentos con fines de uso de terapia hormonal, sea bloqueo de pubertad u hormonación cruzada, que formen parte o sean en si una forma de tratamiento de la disforia de género, sea o no clínicamente diagnosticada en menores de edad. Tampoco podrá incurrir en gastos de personal, bienes y servicio de consumo para operaciones de reasignación de sexo que formen parte o sean en si una forma de tratamiento de la disforia de género sea o no clínicamente diagnosticada en menores de edad”.

Constanza Valdés, activista trans, junto a la Red Nacional de Mapadres y cuidadores de niños, niñas y adolescentes trans, elaboraron un téngase presente aludiendo a que la medida era discriminatoria y atentaba al principio de igualdad ante la ley.

“Era una medida desproporcionada que no cumplía con los estándares de proporcionalidad que es principalmente un test que se aplica a las limitaciones de los derechos fundamentales, toda vez que acá se prohibía de manera tajante, por ejemplo, el acceso al derecho a la salud o en relación al tratamiento hormonales para niños niñas y adolescentes”, sostuvo.

Bajo ese contexto, Valdés reconoció que esperaban argumentos en torno a formalidades, sin embargo, destacó que “hubo un voto bien importante, una prevención de la ministra Catalina Lagos, Daniela Marzi y Nancy Yáñez, en las cuales coincidieron en algunos de los argumentos que utilizamos en el téngase presente, en relación a que expresamente era una medida discriminatoria y que además era una medida que no cumplía con los estándares o los requisitos en relación a la proporcionalidad”.

“Entonces, en ese sentido esas prevenciones nos parecen bien importantes sobre todo porque abren una puerta en relación a lo que pudieran ser discusiones futuras, de prohibir nuevamente, y que en relación a esto ya hay votos de prevención que señalan expresamente aquí estaríamos que hablando de una discriminación”, valoró.

Por su parte, Ramón Gómez, encargado de derechos humanos del Movilh, indicó que: “El Tribunal Constitucional ha dado una contundente señal a favor de los niños, niñas y adolescentes trans”.

“Con esta decisión el Tribunal Constitucional está garantizando el acceso igualitario a la salud de todas las personas sin discriminación por identidad de género, ni por edad. Esperamos que el Congreso Nacional tome nota de esta decisión del Tribunal Constitucional y asuma que en la glosa que había aprobado en noviembre pasado había incurrido en abierta discriminación y vulneración de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes de nuestro país”, cuestionó.

En tanto, en la oposición, el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, señaló que, desde su sector, respetarán el fallo del TC, pero insistió en conocer el contenido de la resolución.

En su argumentación, indicó: “Nos parece que la atribución parlamentaria consiste precisamente en no agregar gasto, pero sí evidentemente fijar ciertas condiciones, sí descontar programas, porque esa es parte de la tarea parlamentaria en el marco presupuestario y nos parece que el Estado de Chile, siguiendo ejemplos extranjeros, lo que corresponde que haga es que suspenda la aplicación de terapias hormonales en menores de edad”.

En esa línea, pidió “que no destine presupuesto, ni el sistema público, ni tampoco por intermedio de convenios en el sistema privado y que terminemos con esta situación que le puede causar un daño irreparable a los niños y niñas de Chile”.