El ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, en conversación con Chilevisión, abordó la polémica por la fallida compraventa de la casa del ex Presidente Salvador Allende por parte del Estado y las consecuencias políticas y judiciales que trajo consigo.

“El Presidente tomó la decisión de exigir la más alta responsabilidad y creo que da cuenta de que esto se hizo de manera desprolija, de que no debió haber ocurrido de esta forma (…) determinó cortar el hilo por lo más grueso, no por lo más delgado”, partió señalando Figueroa respecto a la remoción de Marcela Sandoval del ministerio de Bienes Nacionales.

Sobre la investigación para determinar cuáles fueron los errores que se cometieron al interior del ministerio que hoy dirige, Figueroa comentó que se inició un sumario “para identificar qué se debe corregir, he identificado algunos manuales de procedimiento de cuestiones que fueron desprolijidades, que de haberse hecho bien, no hubiera sucedido“.

Consultado por cuándo se considera como celebrado el contrato de compraventa, el ministro precisó que “estos procesos de adquisición requieren un decreto que lo autorice, que diga ‘aquí hay un interés público y esta es la propiedad que le interesa al Estado’. Después viene un proceso que termina con un decreto que aprueba esa compra; sin la aprobación de la compraventa, esa compraventa no existe”.

“Ese es el decreto que me habría correspondido a mi firmar como ministro y que no voy a firmar, porque ambas partes ya desistieron de esta adquisición, tanto el representante de la familia Allende como el Estado. Por lo tanto, mientras no exista una aprobación de la compraventa, ésta no existe, a tal punto que los recursos destinados a estos siguen en las cuentas fiscales, no hubo transferencia de dominio, no hubo inscripción en el Conservador de Bienes Raíces; por lo tanto esto se paró en el momento adecuado”, detalló.

Recordemos que la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, la senadora Isabel Allende y la ministra de Defensa, Maya Fernández, han sido citadas a declarar como imputadas por la fallida compraventa. Además, el Tribunal Constitucional admitió dos requerimientos presentados por la oposición para destituir a la senadora del Partido Socialista.