El 28 de diciembre pasado, un brutal caso de maltrato animal quedó al descubierto en un sector de Lonquén, comuna de Talagante. En ese lugar, un hombre agredió cruelmente a un perro llamado Tony con un machete, lo que le provocó el cercenamiento de su hocico. Sus lesiones fueron de tal gravedad que al animal se le debió aplicar eutanasia.

La Fundación Mascotalerta hizo la denuncia, detallando que el ataque fue realizado por un vecino cercano al domicilio donde residía el animal. La doctora que atendió a Tony dijo que “en sus más de 20 años de experiencia, nunca había presenciado algo así”.

Por su parte, la Municipalidad de Talagante condenó el hecho. A través de un comunicado, expresaron su “más enérgico repudio” y destacaron que el alcalde Sebastián Rosas se reunió con el dueño del perro para ofrecer su apoyo. Además, anunciaron que pondrán a disposición su equipo jurídico para presentar una querella contra el responsable y garantizar que enfrente las consecuencias legales correspondientes.

Fue tal la conmoción que causó en la ciudadanía el deleznable acto, que se organizaron distintas marchas para exigir justicia para Tony. Asimismo, el sujeto que atacó al can fue rápidamente identificado y puesto a disposición de los tribunales de justicia, quedando en prisión preventiva. Sin embargo, posteriormente, la Corte de Apelaciones de San Miguel dejó sin efecto dicha medida cautelar, ordenando el arresto domiciliario del hombre, decisión que causó molestia en la comunidad y en las propias autoridades locales.

Es por este caso y otros más que se han producido en el país, que la diputada y jefa de bancada Independientes-PPD, Camila Musante, junto a los diputados Héctor Ulloa y Jaime Araya, presentaron un proyecto de ley que modifica las penas establecidas en la actual legislación sobre protección animal, conocida popularmente como la Ley Cholito.

En concreto, los parlamentarios buscan “aumentar las penas cuando tengamos casos de maltrato animal y haya resultado de lesiones, hasta tres años y un día”, y si existe un resultado de muerte, “aumentar las penas a cinco años”.

La diputada Camila Musante exige sanciones efectivas contra el maltrato animal en Chile.

En conversación con radio Universidad de Chile, Musante señaló que “hay que aumentar las penas del maltrato animal, abandono o conductas que atenten contra el bienestar animal y no solamente aumentar las penas, sino que establecer, cómo se ha hecho con otras legislaciones o como el caso de la ley Emilia, que existe una pena efectiva que se va a cumplir en cárcel”.

En la misma línea, Nicolás Escrig, abogado de la Fundación Derecho y Defensa Animal, reforzó la necesidad de agravar las sanciones. “Son pocas las personas que son condenadas por delito de maltrato animal en nuestro país y, dentro de este grupo acotado de personas, son aún menos las que son condenadas con penas de cárcel. A la mayoría se les aplica simplemente una multa. Entonces, creemos que un aumento en las penas podría resultar positivo”, expresó.

Según datos del Poder Judicial, desde la entrada en vigor de la Ley Cholito, las sentencias anuales han mostrado la siguiente tendencia: en 2017, se dictaron 28 condenas; el año siguiente, se registró un incremento, alcanzando 46 condenas; en 2019, el número se redujo a 35, y en 2020, se produjo la mayor disminución con 24 sentencias. Tras el descenso de 2020, las condenas comenzaron a aumentar nuevamente hasta alcanzar su punto máximo en 2023, con 56 condenas, el valor más alto desde la aprobación de la Ley Cholito. Hasta septiembre de este año, se han registrado 23 condenas, superando la cifra del año 2020.

Actualmente, sólo el 1% de las denuncias terminan en condenas, y pese a la baja tasa de sentencias condenatorias por estos delitos, se ha producido un aumento sostenido de casos de maltrato animal.

Perro con signos de maltrato.

Precario rol fiscalizador de los municipios

Se advierte que una parte importante de las municipalidades del país no cumplen con lo dispuesto en el artículo séptimo de la Ley 21.020. “Las municipalidades deberán dictar una ordenanza sobre la tenencia responsable de mascotas y/o animales de compañía en el territorio comunal”, señala el texto legal.

A octubre del año 2024, según el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), de las 345 comunas, 121 municipios aún no cumplen con actualizar sus propias ordenanzas de tenencia responsable, lo que implica que, pese a todo el periodo de vigencia de la Ley Cholito (más de 7 años a la fecha), aún existen municipalidades que no cumplen con la ley que ellos mismos deben fiscalizar.

A esta falta de fiscalización de los municipios debe añadirse que no poseen los recursos necesarios, punto en el que concuerdan nuestros entrevistados.

Así, Camila Musante expresó que “los municipios no cuentan con los suficientes recursos para realizar procedimientos, no solamente de esterilización sino que contar con caniles comunitarios. Por lo tanto, se requiere de una ley que tenga ‘dientes’ y que, además, vaya con una destinación presupuestaria que garantice finalmente que los municipios van a cuidar de los animales domésticos que estén en situación de abandono”.

Actividad en municipalidad, dando servicios gratuitos como vacunación y chipeo.

De igual manera, Nicolás Escrig comentó sobre la falta de presupuesto: “Los recursos disponibles para realizar, por ejemplo, operativos de esterilización y chipeo, no son suficientes para abarcar un porcentaje importante de la población canina y felina; por lo tanto, la efectividad de la ley se ve comprometida”, explicó.

En el mismo sentido, Javiera Orellana, de Fundación Abogados por los Animales, explicó que muchas municipalidades no están preparadas para cumplir con la Ley 21.020: “No todas las municipalidades a nivel nacional estaban ni están preparadas para enfrentar todas las obligaciones y potestades que se establecen en la Ley 21.020”. Esto, según Orellana, ha generado una aplicación desigual de sus normas en distintas localidades.

En suma, se requiere, por una parte, de investigaciones penales efectivas para sancionar eficazmente a los responsables de graves actos de maltrato animal, unido a políticas públicas que se orienten a la implementación real de la normativa contenida en la Ley Cholito y recursos adecuados para que los municipios puedan cumplir con el rol fiscalizador que les asigna la ley.

No puede dejar de mencionarse el papel fundamental que cumple la educación en convivencia responsable con los animales, tal como afirma Nicolás Escrig, miembro de la Fundación Defensa Animal

“Es muy importante fortalecer la educación en tenencia responsable. Actualmente, la ley dice que el Ministerio de Educación puede impartir orientaciones a los establecimientos de educación en esta materia; sin embargo, esto tiene que ser un deber del ministerio, no puede quedar a su libre arbitrio”, puntualizó.