Este viernes 31 de enero, la Comisión para la Paz y el Entendimiento tenía previsto concluir su discusión con la entrega de un documento al Presidente Gabriel Boric, que contenía propuestas para la reposición del territorio mapuche, no obstante, no se llegaron a acuerdos y se extendió el plazo hasta el 30 de abril.

Creada en junio de 2023, esta Comisión transversal tiene como objetivo asesorar al Presidente de la República en la búsqueda de una solución de largo plazo al conflicto territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Las tensiones entre el pueblo mapuche y el Estado chileno son una cuestión histórica y compleja, marcadas por la lucha por la restitución y el reconocimiento del territorio.

La pugna se remonta a la época de la colonización y fue perpetuada por políticas de usurpación y despojo de tierras, especialmente durante la dictadura militar. Grandes empresas forestales y latifundistas se apropiaron del territorio mapuche y crearon un mercado de tierras sobrevaloradas que dificulta su restitución. La Comisión busca llegar a acuerdos que permitan la devolución de estos territorios ancestrales sin recurrir a la compra, para así reconocer los derechos del pueblo mapuche.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el encargado de Relaciones Internacionales del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, explicó que la Comisión tiene la tarea de abordar dos cuestiones fundamentales: “el crimen de genocidio cometido durante la llamada “pacificación” de la Araucanía y la restitución del territorio mapuche“. El dirigente destacó que como comunidad tienen reconocido su derecho al territorio en el Tratado de Tapihue y criticó la falta de representatividad de su pueblo en la comitiva, señalando que el proceso se politizó y el Estado no tomó en cuenta a los mapuche.

Según asegura el dirigente, Chile enfrenta un problema significativo al ser el único país sin un reconocimiento adecuado de los derechos de los pueblos indígenas. Distinto a otros países de América Latina.

“Todos los pueblos indígenas de México al sur están reconocidos en la Constitución. Pero, paralelamente, la posición, la doctrina negacionista del Estado chileno, hoy día se le complica porque el derecho internacional avanzó tan progresivamente que los mapuche hoy día lo toman más en cuenta que el derecho nacional“, afirmó.

“Pareciera que esto no va a ser una medida de solución (por la Comisión), sino de buena entretención, para salvar este Gobierno y aparentar que se está buscando solución. No más que eso. Para aparentar que se está buscando, que se está hablando del mapuche, pero sin ellos. Habrá personas de apellido mapuche, pero ellos hace rato vienen de esa misma práctica”, sostuvo.

“La comisión, sus integrantes son preferentemente militantes de partidos políticos. Esto es un acuerdo de partido político, de izquierda y derecha. Eso es absoluta y completamente contrario a lo que es la historia y el derecho que le pertenece al pueblo mapuche. Por lo tanto, se está tomando una decisión en contravención al derecho que le asiste al pueblo mapuche. Los parlamentos del estado chileno y las comunidades indígenas reconocen que el conflicto es entre el Estado y el pueblo mapuche, y no otro agente. Y lamentablemente este gobierno dejó al margen, nos excluyó”, agregó.

Por su parte, la antropóloga Natalia Caniguán evidenció la complejidad de alcanzar un acuerdo en este proceso. Según la investigadora, existen “numerosos intereses económicos y políticos en juego, ya que reconocer los derechos territoriales de los pueblos indígenas implicaría que grandes empresas como CMP y Arauco y latifundistas particulares abandonen las tierras que adquirieron de manera fraudulenta”.

Presidente lanza de la Comision Presidencial para La Paz y el Entendimiento. Foto: Aton

“El acuerdo es complejo porque hay muchos intereses, principalmente económicos y políticos, en juego en favor de la restitución territorial. Esto implica el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y que estas grandes empresas o latifundistas particulares tengan que dejar el territorio y reconozcan que se hicieron de las tierras de maneras espurias o incorrectas. Aunque alegan que son legales, no son legítimas porque hubo procesos fraudulentos de usurpación territorial“, complementó Caniguán.

A su vez, la senadora republicana y miembro de la Comisión, Carmen Gloria Aravena, explicó que la Ley Indígena, la cual rige la devolución de la zona, “es muy genérica y existe una interpretación en los distintos gobiernos que de una u otra manera todas las comunidades que tuvieran como origen ese título, podían también ser beneficiarias de ese desmedro original”.

Según la parlamentaria existe una deuda significativa de tierras por restituir e insistió en la necesidad de buscar soluciones definitivas “para cerrar este capítulo”. Además, hizo hincapié en un problema adicional: la insuficiencia del terreno a disposición, especialmente en la región de la Araucanía.

“No hay suficiente para poder de alguna manera restituir las tierras en la macrozona sur y principalmente en las regiones como la Araucanía, que es una de las que tiene más demanda. Si seguimos al ritmo que vamos hoy, vamos a ir cada 10 o 20 años aumentando la cifra de hectáreas y, por otro lado, solo las que debemos estarían entregándose probablemente en 100 años”, declaró Aravena.

Las comunidades mapuche convocaron a una acción pública para presentar una nota al Presidente Gabriel Boric, solicitando la realización de la Consulta Previa, un proceso en el que podrán acceder al informe redactado por la Comisión. Esta acción pública se llevará a cabo el día martes 11 de febrero.