Esta semana, el Ministerio Público y la PDI realizaron diligencias por cohecho, tráfico de influencias y fraude al Fisco que alcanzaron, en causas independientes entre sí, a dependencias de la Junaeb, oficinas del Congreso Nacional y un tribunal de Santiago. Tres poderes distintos, tres investigaciones separadas, y una misma pregunta de fondo: ¿son suficientes los controles que existen para prevenir la corrupción dentro del propio Estado? Distintos hechos de la coyuntura nacional han hecho renacer una pregunta más antigua todavía: quién vigila a nuestros vigilantes, y si dependemos únicamente de su ética y de su moral como funcionarios públicos.

Hay una frase latina que resume esa inquietud mejor que cualquier otra: Quis custodiet ipsos custodes, “¿quién vigilará a los vigilantes?”, o “¿quién guardará a los guardianes?”. Su significado original es distinto al que le damos hoy y escapa a nuestro contexto cultural, pero sigue vigente en una sociedad atravesada por intereses de distinto tipo y su relación con el poder. Plantea una pregunta legítima: cómo controlar a quienes tienen, precisamente, el poder de controlar a otros. La idea se remonta a la Roma antigua y encuentra eco en la filosofía política de Platón; hoy conserva toda su vigencia en el debate sobre el control del poder y la corrupción.

En las democracias, esa tarea se sostiene sobre mecanismos de control y rendición de cuentas: la separación de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, el estado de derecho, los sistemas de control interno y la participación ciudadana. La prensa libre cumple un rol central en esa arquitectura, cuestionando e interrogando al poder, y por eso mismo suele ser de las primeras en sufrir ataques, censura o intervención directa cuando el poder se siente incómodo. La teoría política tiene un nombre para esa clave, contrapesos, y Montesquieu lo formuló hace casi tres siglos con una frase que envejeció bien: solo el poder detiene al poder. Confiar en la buena voluntad de una autoridad rara vez alcanza como garantía; hace falta, además, otra autoridad capaz de frenarla, revisarla o corregirla cuando se exceda.

Un Ejecutivo sin Congreso que lo fiscalice, un Congreso sin tribunales que revisen la constitucionalidad de sus leyes, o un Poder Judicial sin controles externos sobre su propio funcionamiento interno son variantes de la misma falla, la concentración de poder sin nadie capaz de decirle que no. A veces se presenta a los contrapesos como un estorbo para la gestión pública, incluso desde el propio poder cuando le resultan incómodos. Su función real es la contraria: evitar que cualquier poder se vuelva absoluto, incluido el de quienes llegan con la mejor de las intenciones o el respaldo electoral más contundente.

En los gobiernos autoritarios, la crítica y la vigilancia ciudadana apenas se toleran, y con frecuencia se las descalifica como antipatriotas. Basta con mirar alrededor para comprobarlo. Los medios independientes, cuando logran sostenerse, funcionan como un contrapeso capaz de investigar y denunciar abusos que de otro modo quedarían sin luz.

La participación ciudadana —el voto, la protesta pacífica, otras formas de acción política— también responsabiliza a los líderes y exige transparencia. Las organizaciones de la sociedad civil, los grupos de defensa de derechos humanos y las agrupaciones ambientales, cada una desde su propio ámbito, actúan como observadores y colaboran en la fiscalización de las autoridades. A eso se suman las oficinas de ética y los órganos de control interno dentro de la propia administración pública, junto con auditorías externas e internas que ayudan a que los fondos públicos —la plata de todos— se usen de manera eficiente y transparente.

No hace falta ser desconfiado para interesarse en este tema, ni mirar con atención solo a los gobiernos del bando contrario. Es, al revés, una pregunta cada vez más legítima, que debiera obligar a cada funcionario con algún grado de poder a responder por sí mismo, ante sí mismo y, sobre todo, ante la ciudadanía. Aquí no caben los lavados de imagen por buena conducta anterior, como a veces argumentan los tribunales en fallos que sorprenden. Y parece evidente que esa obligación ética crece en la misma proporción que el poder de quien la porta.

Dada la naturaleza humana y su peso histórico, el control ético mutuo —sin caer en la vigilancia total de 1984— y los sistemas de contrapesos y rendición de cuentas siguen siendo indispensables para que quienes ocupan posiciones de poder actúen con responsabilidad. La regla debería aplicarse sin excepción, sea cual sea la magnitud del cargo.