Como candidato, José Antonio Kast prometió llevar el desempleo al 6% y acusó que en Chile había “más de un millón de desempleados”, cuando la cifra real era 875 mil. También bautizó a la entonces titular del Trabajo, Jeannette Jara, como la “ministra del desempleo”. A seis meses de asumir el poder, el desempleo alcanza el 9,5%, la cifra más alta desde la pandemia, y su propio ministro del Trabajo, Tomás Rau, primero se restó de la meta de 6,5% -“esa es una meta que impuso el ministro de Hacienda”, dijo en una entrevista radial- para luego, ante las cámaras de Estado Nacional de TVN, comprometerse otra vez con el mismo número. Si esto fuera una relación de pareja, diríamos que hay señales de alarma. Como es un gobierno, hay que decirlo con todas sus letras: no tienen un plan serio. Solo tienen consignas que reciclan según el auditorio al que le hablan.

Y cuando decimos que no tienen plan, no es una frase para la galería. En julio, el Gobierno lanzó con bombos y platillos el “Modo Empleo“, prometiendo 50 mil nuevos puestos de trabajo. Semanas después, la cifra prometida bajó a 30 mil, y pasó a los 25 mil subsidios como meta del programa administrado por el Sence. Con esa meta ya recortada a la mitad de la promesa original, el propio Ministerio del Trabajo reconoció que apenas se habían registrado cerca de 4 mil postulaciones.

Ese es el verdadero tamaño de “Modo Empleo”, un nombre de campaña que se achica cada vez que hay que rendir cuentas. No sorprende que el desempleo femenino ya supere el 10%, con regiones como O’Higgins y Ñuble por sobre el 12%. Un gobierno que no logra ni ponerse de acuerdo en cuántos empleos promete, difícilmente puede resolver un problema que arrastra 43 meses sobre el 8% de desocupación.

Pero el problema de fondo no es solo la confusión de cifras, sino que la mezcla arbitraria de conceptos con hechos. Es que, para este Gobierno, hablar de empleo es hablar de flexibilización: subsidios que abaratan la contratación, jornadas “adaptables”, menos exigencias para el empleador y, en paralelo, menos derechos para quien trabaja.

Y ahí está la carta que el ministro Rau todavía tiene bajo la manga: la propuesta de reemplazar la indemnización por años de servicio por una “indemnización a todo evento“, que reduciría a la mitad -a medio mes por año trabajado- lo que hoy reciben las y los trabajadores despedidos por necesidades de la empresa. Para el ministro, el sistema actual representa “un costo muy alto para las empresas”, por lo que el camino obvio es seguir el recetario de la CPC: generar empleo bajando el precio del trabajo.

Ese tipo de políticas no sirven, no sirven a los hombres y mujeres que hoy tienen un empleo precario, porque profundizan esa precariedad. Y no sirven a quienes buscan trabajo, porque ni un subsidio temporal ni una indemnización rebajada reemplazan un puesto de calidad, con contrato, previsión, proyección y protección ante el despido. Cuando a un gobierno se le acaban las ideas para crear empleo de verdad, lo que le queda es maquillar el costo de contratar y, de paso, el costo de despedir. Eso no es una política de empleo: es un descuento contra el bolsillo de las y los trabajadores.

Esta lógica golpea con más fuerza a las mujeres. “Modo Empleo” se presentó con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, al lado del ministro Rau, como si esa fotografía bastara para demostrar enfoque de género. Se anunció un subsidio algo mayor para la contratación femenina y la ampliación del Programa 4 a 7. Son medidas puntuales, pero no tocan la barrera estructural que la propia ministra Marín ha reconocido en público: el artículo 203 del Código del Trabajo, que solo obliga a proveer sala cuna a partir de la trabajadora número 20, lo que -según sus propias palabras- explica que muchas empresas contraten “hasta 19 mujeres” para no cumplir esa obligación. Si el Gobierno ya identificó el problema, ¿por qué la solución que propone -la Sala Cuna Universal– llega financiada con cargo al Seguro de Cesantía de las y los trabajadores, sin que el empleador deba cubrir las diferencias entre el aporte y el costo real del servicio? Eso no es corresponsabilidad: es transformar un derecho de las mujeres en un impuesto a las mujeres por trabajar.

Y así aparece la explicación de fondo, ya que en las cifras de empleo, en el diseño de la Sala Cuna y en el rechazo a que las empresas asuman su parte, este Gobierno ha sido sumiso a la CPC. Lo dijimos cuando se discutió el financiamiento en el Senado y lo repetimos hoy: no quieren modernizar las relaciones laborales, quieren instalar un modelo similar al que teníamos hace décadas, donde el costo de cuidar y de emplear recae, una vez más, sobre las trabajadoras y los trabajadores. “Modo Empleo”, en ese sentido, no es una política pública: es una campaña de comunicaciones que le pide al país paciencia mientras las cifras siguen empeorando y las soluciones estructurales -como sala cuna con financiamiento sostenible y eliminación real del artículo 203- quedan, otra vez, para después.

Desde la CUT no vamos a aplaudir subsidios de corto plazo disfrazados de estrategia. Vamos a seguir exigiendo lo que dijimos desde el primer día: un financiamiento de la Sala Cuna que no salga del bolsillo de las trabajadoras, la eliminación definitiva del artículo 203, y una política de empleo que entienda que el trabajo decente -con derechos, con salario justo y con corresponsabilidad en los cuidados- no es un costo que haya que recortar, sino la base sobre la que se construye cualquier reactivación real. Mientras el Gobierno siga cambiando el número de empleos prometidos según la semana, y siga siendo sumiso a la CPC en cada definición que realmente importa, seguirá siendo lo que hasta ahora ha demostrado ser: un gobierno sin plan, en modo precario.