Una dura advertencia contra el presidente de Siria, Bashar Al-Assad, lanzó el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, William Hague: “Detenga la violencia de inmediato y aplique reformas, o dé un paso al costado”, señaló el canciller británico a través de su cuenta de Twitter, hecho que da cuenta de la compleja situación en que se encuentran las potencias occidentales para tomar represalias efectivas contra el régimen de Damasco.

Desde el inicio de la ola represiva en Siria, que coincidió con las revueltas de comienzo de año en el mundo árabe, la comunidad internacional no ha sido capaz de reunir el apoyo necesario para aplicar medidas efectivas contra el régimen del presidente Al-Assad, motivo por el cual no se ha logrado detener la violencia contra la población civil.

El principal obstáculo se ha presentado en el seno del organismo internacional más poderoso, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde pese a la voluntad de algunos estados miembros de iniciar acciones contra Siria, han topado con la reticencia de dos de sus integrantes más poderosos, China y Rusia, que han amenazado con utilizar su poder de veto para echar por tierra cualquier iniciativa condenatoria.

Las reservas, sin embargo, tienen su fundamento. Rusia apoyó en febrero y marzo de este año sendas resoluciones condenatorias contra el gobierno de Libia, cuando comenzaron los combates entre el ejército y las fuerzas rebeldes, con el fin de impedir que las tropas regulares atacaran a la población civil. Sin embargo, el mandato fue reinterpretado por una alianza entre Estados Unidos, Francia y el Reino Unido como una autorización para lanzar ataques sobre territorio libio, potencias que luego fueron relevadas por la OTAN, el clásico enemigo estratégico de Moscú.

En ese escenario, la responsabilidad de las sanciones ha recaído fundamentalmente en organismos regionales con escaso poder de presión. Así, desde hace unos meses, la Unión Europea ha aplicado condenas sobre miembros específicos del régimen sirio, como congelamiento de cuentas bancarias o prohibiciones de viajar, las cuales no han impedido al gobierno continuar con sus acciones represivas.

Sin embargo, las últimas acciones sobre la ciudad de Hama, donde las fuerzas de seguridad sirias habrían asesinado el fin de semana pasado a más de un centenar de personas, podrían marcar un viraje en ese sentido, luego de meses de inmovilidad en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El organismo ha fijado una serie de reuniones de emergencia para analizar la situación de Siria, de las cuales se prevé surjan las primeras condenas amplias contra el régimen.

Las presunciones han sido alimentadas por el fortalecimiento de acciones previsibles, como la decisión de Italia de retirar a su embajador en Damasco, el cada vez más abierto apoyo que otorgan a grupos prodemocráticos los gobiernos de potencias occidentales, pero también las francas críticas que el gobierno de Moscú ha lanzado contra la administración de Al-Assad, luego de los incidentes en Hama y que se han prolongado hasta comienzos de esta semana.

Aunque Rusia se ha manifestado más abierta a emitir una condena contra el gobierno sirio, el embajador Vitaly Churkin ha aclarado que no promoverán una resolución, pero que sí alentarían la emisión de una declaración del presidente del Consejo instando al régimen a introducir reformas para terminar con la violencia.

Las expectativas puestas en esta acción, que tienen menor jerarquía jurídica que una resolución capaz de autorizar acciones directas, podrían no obstante verse empañadas por la negativa de uno de los estados miembros del organismo, ya que requiere de apoyo unánime. Se trata de El Líbano, cuyo gobierno ha sido tradicionalmente influido por Damasco y que podría manifestar su oposición a la declaratoria propuesta por Rusia.

Un factor que podría determinar la evolución de los acontecimientos, aunque de manera tangencial, fue el comienzo el lunes pasado del mes del Ramadán, periodo de gran significación y sensibilidad en el mundo musulmán, donde las acciones de violencia podrían registrar una necesaria disminución para favorecer el diálogo entre las partes.