El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpondrá este jueves una querella en contra cuatro personas por el denominado caso Kodama, en el que se investiga el pago frustrado de 17 mil millones de pesos de indemnización a la empresa por gastos extras en las obras del corredor Pedro Aguirre Cerda.

Si bien, la demanda no incluye a la ex ministra de Vivienda, Magdalena Matte, busca establecer las responsabilidades penales de su ex asesor directo, Álvaro Baeza; de el ex subdirector del Serviu Metropolitano, Antonio Llompart; del ex subdirector jurídico, Rafael Marambio y de uno de los dueños de la firma constructora, Kenji Kodama.

En esa línea, el académico del Centro de Regulación de la Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Luis Cordero, valoró la acción del CDE y explicó que pese a que no considera a la ministra Matte – quien era la encargada de fiscalizar todo lo que sucediera en su cartera – se busca sancionar a quienes participaron directamente de la decisión de generar el ardid en torno a los mecanismos para eludir el control de Contraloría.

“Se está querellando contra los que estuvieron involucrados de forma directa, quienes participaron en las reuniones y quienes definieron las estrategias. El problema de la ministra Matte es que ella tuvo omisión de control y probablemente el Consejo considera que esa negligencia no es constitutiva de delito, pero podría – como ya se ha hablado en ocasiones anteriores – ser objeto de otro tipo de responsabilidades como civiles. El CDE se querelló contra aquellos que actuaron bajo la convicción de que esto era un mecanismo para eludir controles públicos”, explicó el académico.

El cuestionado acuerdo compensatorio tenía como objetivo frenar la demanda interpuesta por la empresa Kodama en contra del Minvu por la generación de costos fuera de lo pactado. Y pese a que la ministra había autorizado el pago, ella misma lo frenó cuando fue advertida de la falta de antecedentes para concretar la transacción.

En ese momento, Matte derivó los datos a Contraloría y al Ministerio Público y además encargó un informe al Instituto de Investigaciones y Ensayos de Materiales de la Universidad de Chile, que determinó que el monto de lo adeudado por la secretaría de Estado ascendía a los 2 mil millones, es decir, seis veces menos de lo que había sido pactado. Por lo mismo, se inició la indagación por Fraude al Fisco y posible pago de coimas a funcionarios del Serviu.

Según las informaciones conocidas, el Consejo de Defensa del Estado se habría tomado tres meses para presentar esta querella porque se estaba analizando si la situación constituía o no un delito ya que los pagos, finalmente, no se efectuaron.

En esa línea, el profesor de derecho administrativo precisó que este hecho se toma como un fraude consumado porque existió un decreto de pago.

“Eso es lo que hace interesante esta querella. Probablemente va a ser una estrategia de la defensa en el juicio sostener que el fraude no está consumado porque el Estado no ha pagado un peso. Y la decisión del Consejo es distinta a lo que sostuvo el Gobierno en su oportunidad en términos de que aquí no se había sufragado ningún desembolso. Pero el fraude al fisco consumado es la circunstancia en la que se dictó una sentencia de pago que obligaba al Estado a cancelar la deuda”, precisó el jurista.

Cordero explicó que las eventuales sanciones dependerán del tipo de participación y esencialmente del debate que exista sobre cuán frustrado o no frustrado será este delito. El jurista sostuvo que esto va a significar, entre otras cosas, “que el fiscal tenga que tomar su estrategia de formalización considerando de algún u otro modo la decisión del CDE.