Ayer, el Presidente Sebastián Piñera en compañía de la ministra del Medio Ambiente María Ignacia Benítez, presentaron la Segunda Comunicación Nacional de Chile sobre Cambio Climático, ratificando el protocolo firmado en 1992. El primer informe se realizó el 1999, y la Universidad de Chile también participó en su elaboración.

Fernando Santibáñez, ingeniero agrónomo y especialista en bioclimatología, explica que el documento consiste en un diagnóstico de la situación del país respecto a los cambios climáticos esperados, de los escenarios que se prevén para este siglo, y cómo esos cambios podrían repercutir en la economía de los países.

“Estos informes son un compilado de información relevantes del clima y sus modificaciones que esperamos para este siglo, que son dignas de ser tomadas en cuenta en un plan de adaptación que le permita a los países minimizar los impactos potenciales de estos cambios sobre la economía y la sociedad, básicamente”, explicó Santibañez.

El especialista agrega que hay un capítulo que consiste en las estrategias de adaptación, donde se plantea qué acciones debiera tomar el Estado, qué planes se debieran implementar para proteger la biodiversidad, favorecer la conservación de los recursos hídricos y gestionar eficientemente el transporte, el medio ambiente y la agricultura, entre otros.

“Esas acciones son básicamente del orden de políticas públicas en el orden de los sistemas de adecuaciones legales que sean necesarias implementar durante este proceso de adaptación, crear nuevos instrumentos de fomento y adecuaciones tecnológicas”, indicó el ingeniero.

Según las evaluaciones realizadas hasta el 2006, Chile emite el 0,26 por ciento de los gases invernadero, principalmente originados por la industria de recursos energéticos. Santibáñez explica que las emisiones de un país como Chile no son significativas, no se puede considerar como emisor de gases invernadero a diferencia de Estados Unidos y China, donde la mitigación de los impactos repercutiría favorablemente en todo el mundo, pero que si es importante que el Estado actúe por una cuestión de imagen como país productor.

Manuel Baquedano, presidente del Instituto de Ecología Política, concuerda en que el escenario es bastante complejo, el que se agravará si no se acuerda una convención internacional obligatoria en reemplazo del protocolo de Kyoto que expira el próximo año.

Si bien está claro que Chile no tiene una participación significativa en las emisiones de gases invernadero, si es una zona geográfica vulnerable  frente al fenómeno.

Baquedano plantea que Chile se debe preparar para la des carbonización de la economía, por lo que proyectos como el de Isla Riesco y Castilla no contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático, y mucho menos a cumplir con la meta de llegar al 2020 con el 20 por ciento de nuestra matriz energética en base a energías renovables no convencionales.

“Si es que no se cumple con el 2020 tendremos una economía absolutamente carbonizada y vamos a tener serios riesgos que nuestra inserción internacional, sobre todo, desde el punto de vista de las exportaciones, empiece a ser castigado por la enorme huella de carbono que tiene y lo que implica esto”, enfatizó el ecologista.

Paola Vasconi, coordinadora de medio ambiente de la Fundación Terram, señala que es una mala señal que el Estado chileno haya demorado 12 años en sacar este segundo informe, y plantea que es hora de pasar de la recopilación de de información a la acción en relación al cambio climático.

“Ya hay visiones que permitirían ir tomando acciones mucho más concretas que logren mitigar los impactos del cambio climático en el país, en ciertos sectores productivos y que logre finalmente iniciar acciones de adaptación, porque hay cambios que van a ser inevitables, que ya se están sufriendo. Entonces ya hay acciones que deberíamos estar tomando o por lo menos ya incorporando la variable y la visión de cambio climático en cada una de las políticas que se están discutiendo en el país”, enfatizó la ambientalista.