El financiamiento ha sido uno de los ejes que ha articulado el debate en torno a la educación superior. En su última propuesta, el Gobierno intentó sacar toda la carne a la parrilla y ofreció becas para los tres primeros quintiles, es decir, al 60 por ciento de la población. La semana pasada, en tanto, la oposición dio un paso más adelante y sugirió que el beneficio se extendiera hasta el séptimo decil, o sea, al 70 por ciento de las personas.

Luego de seis meses de conflicto, estas categorías ya parecen comunes, pero ¿Qué significan realmente? Los quintiles y deciles son una forma de catalogar a los chilenos de acuerdo a su nivel de ingresos. Cada quintil corresponde al 20 por ciento de la población clasificada de acuerdo a la cantidad de recursos percibidos mensualmente divididos por el cada integrante del grupo familiar, es decir, según el ingreso per cápita. Es así como dentro del primer quintil se ubican los hogares cuyo per cápita fluctúa entre los 0 y los 59 mil 817 pesos, mientras que en el quinto  están las casas que generan más de 290 mil pesos por cada miembro.

La misma lógica se utiliza para determinar los deciles, pero esta vez se considera sólo al 10 por ciento de la población. El primero corresponde a los 460 mil hogares más pobres y el décimo a los 460 mil más ricos. Para tener en perspectiva: El ingreso autónomo del primer decil, o el total de lo que generan los individuos por su trabajo, en promedio es de 65 mil pesos. En el último éste alcanza un poco más de 3 millones.

Por lo mismo, dentro de los discursos sobre la educación se ha manifestado que es necesario financiar becas que logren llegar a la clase media que estaría ubicada cerca del tercer quintil y séptimo decil, es decir familias con ingresos autónomos de 625 mil pesos.

Sin embargo, el investigador de la Fundación Sol, Marco Kremerman, precisó que focalizar las ayudas en estos tramos no es suficiente para terminar con el problema del financiamiento universitario, ya que incluso al incluir al 80 por ciento de la población, se trata de familias que presentan endeudamiento y que ante cualquier eventualidad pueden disminuir su estándar de vida.

“Cuando se dice que no se quiere que se financie la educación de los ricos, tenemos que pensar ¿Quiénes son ellos? Incluso si llegamos al 90 por ciento de los hogares en Chile estamos hablando de ingresos autónomos que en promedio que no superan 1 millón 150 mil pesos. Si pensamos en una familia de cuatro personas en la que dos hijos estudian en la universidad, la mitad de esos recursos se podrían ir en educación y 500 mil quedarían para pagar arriendo, vestirse, movilizarse y pagar los servicios básicos”, comentó.

Una realidad que para la mayoría de los chilenos es aún más crítica. Por lo mismo, el licenciado en Ciencias Económicas calificó las propuestas como engañosas, ya que tampoco apuntan a los estudiantes de menores ingresos. “Decir que el 70 por ciento de las personas va a tener becas o gratuidad, no implica que el 70 por ciento de los alumnos que estudian en la educación superior la tengan porque los estudiantes de menores recursos están subrepresentados en la educación superior”, aseguró.

Kremerman indicó que dentro de este falso dilema, es absolutamente admisible la aspiración a un sistema totalmente gratis, siempre y cuando se establezca una reforma tributaria que permita que los sectores más acomodados financien estos cambios.