Como lo ha dicho en cada caso de irregularidades por parte del mundo privado en educación, el ministro Harald Beyer dijo que no corresponde a la Contraloría General de la República fiscalizar el uso de recursos sólo porque éstos provienen del Estado y añadió que esto le corresponde  a la superintendencia que presentaron como proyecto al Congreso.

El secretario de Gobierno indicó que la Contraloría sólo puede supervisar el trabajo de entidades estatales: “No es el hecho de que reciban fondos públicos, no es eso lo que hace que la Contraloría pueda fiscalizar a las universidades estatales, sino por el hecho de que sean estatales. Nosotros creemos que esa separación es parte de la sana doctrina que se aplica en todos los lugares del mundo, en cambio nos parece que la Superintendencia es la institución correcta para fiscalizar los fondos públicos que se utilicen en la operación de las universidades privadas”, dijo.

Con respecto a la posibilidad de una acusación constitucional en su contra por abandono de sus deberes, el ministro Beyer respondió irónicamente: “No, yo creo que la acusación constitucional es totalmente infundada, tiene algo de bullying, pero con hechos objetivos, si ustedes recuerdan lo que nosotros hemos hecho, es investigar con mucha más acuciosidad que cualquier otro ministro de los gobiernos anteriores”, señaló.

La vicepresidenta de la FECH, Camila Vallejo aseguró que el único responsable de esta situación es el ministro que se niega a escuchar las demandas sociales.

En tanto la diputada Cristina Girardi planteó que el rechazo al informe sobre lucro en las universidades por parte de la Cámara no implica que dicha realidad sea falsa.

“Extrañamente -por hechos que son reales y por todos reconocidos, hay muchas investigaciones sobre esto, no sólo la que hizo la comisión- perdimos por un empate técnico y yo creo que eso es grave porque pone a la Cámara en una situación de no reconocer un hecho que es visible por todo el mundo”, subrayó.

Mientras un grupo de diputados de oposición trabajan  en una acusación constitucional contra Harald Beyer, sigue adelante una investigación judicial sobre lucro en al menos siete instituciones privadas.