Los ministros de Finanzas de la zona Euro, en una decisión que altera seriamente las reglas de juego de las líneas de ayuda de la UE/FMI a los países afectados por la crisis financiera, acordaron gravar a los ahorrantes de los bancos chipriotas con un impuesto extraordinario de entre el 6,75% y 9,9%, para contribuir a pagar el rescate financiero de 10 mil millones de euros concordado entre la UE y el Ejecutivo isleño. Como consecuencia, Chipre está viviendo el primer “corralito” de zona Euro, al tener que cerrar sus bancos y bloquear cajeros automáticos para evitar la fuga masiva de capitales como consecuencia del tributo, mientras el gobierno decretaba feriados bancarios para hoy y mañana (19 y 20 de marzo) de modo de proteger la estabilidad del sector financiero.
El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, había dicho que quienes tenían depósitos por debajo de los 100 mil euros (unos US$ 130.700 o $61,6 millones) tendrían que contribuir con una tasa del 6,75% de sus ahorros y los que superaran los 100 mil, con el 9,9%. Pero ayer lunes, los ministros flexibilizaron su postura y aceptaron la propuesta del gobierno chipriota de excluir a los ahorrantes con depósitos inferiores a 100.000 euros. Se estima, empero, que Chipre subirá a 15,6% la retención que aplicará a los superiores a los 100.000 euros, pues requiere recaudar unos 5.800 millones de euros como condición para recibir los 10 mil millones del rescate.
Sin el paquete de ayuda la isla va directo a la quiebra. Y aunque el país sólo aporta el 0,2% del PIB de la eurozona, su caída podría dañar a toda el área debido a que alrededor de un 30% de los depósitos chipriotas pertenecen a extranjeros. Chipre ha sido criticado por atraer dinero negro en base de impuestos bajos y relajada supervisión financiera, que lo transforma en un paraíso fiscal que capta dineros rusos, británicos, israelíes o griegos, en competencia con Londres. El país niega estas acusaciones. Pero el FMI le ha exigido mayores controles a los flujos financieros y aumentar el impuesto a las empresas al 12,5% (ahora al 10%) para financiar su déficit.
El paquete debe ser ratificado por varios parlamentos de los Estados miembros, así como por el de Chipre, por lo que se podría hacer efectivo recién en la segunda mitad de abril. Por lo pronto, en Chipre el Gobierno no cuenta con mayorías para su aprobación. Como es obvio, la medida ha provocado indignación, obligando al presidente Anastasiades a explicar que el país sólo tuvo ante la Eurozona dos alternativas: “o el colapso del sistema bancario –con 8 mil puestos de trabajo- y una bancarrota estatal para (hoy) martes (el lunes fue festivo) o una gestión dolorosa pero controlada de la crisis, que ponga fin a la inseguridad”.
Pero por primera vez en la historia de los rescates en la UE, tras los de Grecia, Portugal, Irlanda y España, el procedimiento de los organismos internacionales traspasó la línea roja, pues pareciera que los depósitos en la UE ya no están a salvo, no obstante que la propuesta implique asegurar a los ahorrantes que se les entregará, como compensación, una cantidad equivalente a la exacción tributaria, en acciones de los bancos quebrados. Vaya resarcimiento.
Esta propuesta para Chipre puede generar un incendio en el resto de Europa, especialmente luego que el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, advirtiera a Italia que debe continuar con sus reformas si quiere mantener el apoyo del Central Europeo (BCE). Italia realizó elecciones hace tres semanas, pero el reparto de los votos dificulta la formación de un gobierno. Tal situación ha atrasado las decisiones necesarias para continuar los ajustes, cuya viabilidad es, por lo demás, cada vez menor, debido a las manifestaciones sociales.
Para Chile y la región este escenario no es trivial. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el menor crecimiento económico mundial previsto para los próximos años podría traer una brusca caída en la tasa de expansión de las inversiones, razón por lo que ha instado a América latina a aplicar políticas fiscales más restrictivas, de modo que sean consideradas contracíclicas, en lugar de expansivas. El informe estima un crecimiento regional de 3,9% para el periodo 2013-2017, debajo del 4,8% de 2003-2007. El próximo lustro estaría marcado por los ajustes de las economías europeas y de EE.UU. y la baja del crecimiento chino.
Pero más allá de aquello, lo que está en juego en Chipre es la seguridad jurídica. Las estructuras legales de la UE señalan que si un banco quiebra son los accionistas y bonistas quienes pierden. Solo al final pagan los ahorrantes, aunque con un seguro de 100 mil euros por cliente, avalado, como en Chile, por el Estado. Es decir, los rescates no sólo buscan evitar el pánico bancario, sino que los pequeños depositantes no pierdan sus ahorros. Nunca que los accionistas mantengan su propiedad. En la propuesta para Chipre son los ahorrantes quienes pagan los platos rotos. Y si lo que se busca es que sean los extranjeros quienes paguen el rescate, no debería olvidarse que Europa depende fuertemente del gas ruso y que Inglaterra e Israel son países con recursos suficientes como para exigir compensaciones ante eventuales quitas ilegales a sus ciudadanos.