Controversia provocaron las indicaciones que ingresó el Presidente Sebastián Piñera al proyecto de ley de resguardo de orden público, más conocido como “Ley Hinzpeter”.

Y es que con los cambios propuestos por el Ejecutivo, se considerará como “agravante” presentar el rostro cubierto en las manifestaciones e incluso se facultará a Carabineros para detener a los “encapuchados”, aunque no sean parte de los desórdenes o no estén cometiendo delitos.

En esa línea, el mandatario comentó que “en una sociedad libre y democrática como la nuestra, no hay ninguna razón para tolerar que los encapuchados se aprovechen de ocultar su identidad para cometer graves delitos contra la sociedad y las personas”.

Una postura que fue rebatida por el presidente de la  Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Andrés Fielbaum, quien señaló que esta medida está lejos de las mejoras que requieren las políticas de seguridad en las manifestaciones sociales.

“En lugar de estar viendo cambios en el actuar de Carabineros, se busca simplemente endurecer la represión. Es totalmente ridículo que alguien pueda irse detenido por tener la cabeza cubierta si es que no está cometiendo ningún delito. Por otro lado, si no han sido capaces de controlar esto ahora, con estas leyes tampoco lo harán”, sentenció Fielbaum.

Para Lucía Dammert, socióloga y experta en Seguridad Ciudadana, existe un problema de fondo de momento en que la autoridad interpreta la protesta como un problema de seguridad y no como una consecuencia política.

“Tengo la impresión de que aquí hay un pecado de origen que es empezar a hablar de la movilización social como un problema de orden público. Las movilizaciones son problemas políticos que no han podido ser resueltos en otros niveles y, por ende, salen a las calles. En el marco de esto  – que tiene un componente de resolución  política – puede que existan grupos delincuenciales y para eso está la inteligencia policial. Dudo que con nuevas leyes o con indicaciones se vayan a desmembrar estos grupos. Lo que hace es aumentar un discurso político que vincula la conflictividad social con la delincuencia, lo cual no es cierto”, precisó Dammert.

En tanto, el ministro de Interior, Andrés Chadwick,  pidió colaboración de la oposición en aprobar este proyecto, el cual ha recibido críticas por coartar el derecho a manifestación, penalizar la toma de establecimientos estudiantiles y criminalizar la protesta social.

Todo a pocos días de la primera amplia convocatoria de la Confech, programada para el 11 de abril, y en medio de paros en el sector portuario, la huelga de trabajadores del cobre, además de corte de caminos por agricultores en el Maule.