De chica me enseñaron que uno gasta el dinero que se tiene en el bolsillo, que no es bueno ilusionarse con tarjetas de plástico, papeles bancarios e incluso –algo más cercano a mi entonces realidad infantil- pedir fiado en el kiosko del colegio.

Agradezco esa educación que recibí, pero lo cierto es que tarde o temprano las deudas, para la mayoría de los chilenos, llegan igual, ya sea para pagar el matrimonio, el auto y, obviamente, una propiedad donde vivir, quedando amarrado a ellas por más tiempo del que quisiéramos.

En las universidades, incuso en las estatales, nadie pone inconvenientes en permitir el ingreso de captadoras de tarjetas bancarias o de centros comerciales, en búsqueda de jóvenes con muchas ganas de comprar y muy poca liquidez para hacerlo, aprovechándose de la irresponsabilidad de muchos de ellos.

El caso más evidente y escandaloso, que ha centrado la discusión sobre los préstamos es el del financiamiento de la educación superior, que ha dejado en evidencia una de las caras menos amables del Estado en alianza con los bancos, con los ampliamente cuestionados CAE y el impresentable Crédito Corfo, que en algunos casos quita casi un tercio de los salarios de los deudores.

Es verdad que ha habido algunos avances, logrados principalmente gracias a las movilizaciones estudiantiles de los últimos años: la rebaja en el Crédito con Aval del Estado, la reducción en la tasa de interés del Corfo y, en el ámbito más general, la creación del Sernac Financiero. Sin embargo, estas medidas parecen insuficientes sin una mayor regulación al sistema en general y una mejor educación de la población.

Si durante los gobiernos de la Concertación no hubo muchos avances al respecto, ¿qué se puede esperar del Gobierno de una persona vinculada a la administración de las primeras tarjetas de crédito en el país? Bueno, hay que recordar que no le quedan tantos meses tampoco a la administración Piñera como para iniciar una “revolución” al respecto.

Hace algunas semanas se dieron a conocer cifras poco alentadoras: Luego del bullado “borrón” de Dicom del año 2012, la deuda promedio de los morosos aumentó en un 40 por ciento, pasando de 133 mil pesos a 268 mil. Pero hay más: Según los datos de Equifax, hay 2,43 millones de RUT en el registro, el doble de los 1,18 millones de personas con deudas impagas que se mantuvieron en el sistema en febrero de 2012, luego del “perdonazo” que generó la Ley 20.575 sobre uso de información comercial.

En marzo pasado, con motivo de la celebración (¿?) del Día del Consumidor, el Sernac presentó a los cuatro vientos un programa de educación financiera en el país, dirigido a estudiantes, apoderados y profesores de los establecimientos municipales y particulares subvencionados.

La iniciativa pretende educar en temas como el manejo de dinero, la organización de las finanzas y el ahorro. Una propuesta interesante en el papel, pero que habrá que juzgar si es efectiva y si perdura en el tiempo.

Paralelamente, lento, pero esperemos que seguro, avanza en el Congreso el proyecto de Ley que rebaja la tasa máxima convencional, que busca rebajar el costo de los créditos del sistema financiero. Iniciativa presentada por el diputado Felipe Harboe, convertido en santo patrono de los deudores.

Un punto aparte y, si se quiere, más profundo, es el análisis de la propia sociedad en la que vivimos, que crea necesidades ficticias en las personas, cada vez menos ciudadanos y más consumidores. Puede que transemos en lo que comemos, pero no en el tener una televisión con pantalla LED ni en el último teléfono inteligente comprado en interminables cuotas con tasas de interés usureras.

Últimamente se ha generado un amplio debate sobre la propuesta de sueldo mínimo del Gobierno, lo que pide la CUT, la reinstalación del ingreso ético; el ministerio del Trabajo celebra las cifras de desempleo, pero el sobrendeudamiento de gran parte de la población, en particular de la manoseada “clase media chilena” sigue ahí, pendiente, para la siguiente administración.