Cuando resta poco menos de una semana para un nuevo Paro Nacional Estudiantil, voceros de la Confech se reunieron con la directora del INDH, Lorena Fríes, para evidenciar su preocupación por el comportamiento policial durante las últimas semanas.

Son varios los casos que, a juicio de los voceros estudiantiles, dan cuenta de un uso excesivo de la fuerza y procedimientos ilegales, similares a los practicados en dictadura militar, que han quedado en evidencia en las recientes manifestaciones sociales.

Camila Carrasco, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, indicó que, junto al INDH, iniciarán un trabajo similar al que ya tienen con otras agrupaciones, para no sólo condenar las violaciones a los Derechos Humanos, sino que terminar con ellas.

En este sentido, la dirigente de la U. de Santiago indicó que “ocurrió la situación de César Reyes, también el ingreso indiscriminado de Carabineros al Instituto Nacional, ocurre en las casas de estudio, donde reiteradas veces los carabineros y fuerzas especiales violan la autonomía universitaria e ingresan a las universidades, se llevan gente de manera indiscriminada, disparando balines. Nosotros nos vamos asesorar y vamos a trabajar de manera conjunta, constante y no sólo para las movilizaciones, sino para generar un trabajo que permita revelar al país y al mundo que acá se están violando los derechos humanos”.

Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, calificó como “inaceptable” que personas de civil, en autos sin patente, detengan a estudiantes, “independiente de que la persona cometa o no un delito”, aludiendo a lo acontecido con el escolar César Reyes.

Además, cuestionó a los promotores de los proyectos de fortalecimiento del orden público y la llamada “Ley mi cabo”, afirmando que el debate no debe ser punitivo, sino que de promoción del derecho a reunión.

Por esto, la directora del Instituto Nacional de DD.HH. explicó que “no sólo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino que relatores de Naciones Unidas han sostenido que se ingresa peligrosamente a un campo de inhibición, limitación de la libertad de expresión y del derecho a reunión. Cabe recordar que el derecho a reunión está regulado por un Decreto del tiempo de la dictadura, una época en que la manifestación era una amenaza. Hoy son una forma de participación y requieren una regulación acorde a una sociedad democrática”.

Diego Vela, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, aseguró que las respuestas represivas son de quienes “temen que la educación sea un derecho”.

El portavoz estudiantil aprovechó de emplazar, una vez más, al Intendente Metropolitano, Juan Antonio Peribonio, a pronunciarse sobre el permiso para la marcha del jueves 13 de junio.

En esa línea, el dirigente de la Universidad Católica detalló que “elevamos la solicitud de autorización con más de dos semanas de anticipación para poder ejercer nuestro derecho a manifestarnos de manera pacífica en la Alameda y sin ninguna explicación no nos ha recibido el intendente y mucho menos se ha abierto a que nosotros podamos ejercer este derecho que con Convenios Internacionales que tiene Chile, él no lo puede limitar, sino solamente en un caso extremo se podría colocar alguna restricción, que en este caso nunca se ha justificado”.

Andrés Fielbaum, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, adelantó que la movilización del 26 de junio, también de carácter nacional, tendrá el apoyo de las agrupaciones habituales, como el Colegio de Profesores, pero además, de varios sectores productivos, como los trabajadores portuarios y del cobre.