Hace pocos días recibí un correo electrónico de una colega de este medio donde se me invitaba a firmar una petición a favor del voto de los chilenos en el extranjero, para ser luego presentada al Presidente Sebastián Piñera.

No pude evitar pensar, medio en serio y medio en broma, a qué partido político iría a parar mi rúbrica al adherir a la solicitud, luego del escándalo develado durante las pasadas elecciones primarias, donde miles de chilenos –que firmaron por causas sociales como esta o ambientales como salvar ballenas, todas de gran justicia- finalmente no podían votar, o al menos no por el candidato de su elección, porque aparecían como militantes de alguna colectividad.

Finalmente vencí mi desconfianza y me convertí en la firmante 933 de la incipiente iniciativa, debido a que me parece un derecho fundamental que no se está respetando y una promesa incumplida del actual Gobierno, pero entiendo a quienes puedan enfrentarse a la misma duda y opten por no abrir el enlace que allí se ofrecía.

Si bien las responsabilidades de esta situación aún están siendo investigadas, lo cierto es que este gran embrollo -donde están involucrados partidos grandes y chicos, nuevos e históricos, oficialistas y opositores, con y sin representación parlamentaria – mermó aún más la dañada imagen que los chilenos tenemos de los conglomerados y la política en general.

Sólo como un dato, el Índice de Confianza Pública de junio elaborado por Asia Marketing arrojó que el oficialismo disminuyó su credibilidad en cuatro puntos, llegando a un 17%, mientras que los partidos agrupados en el pacto “Nueva Mayoría” obtuvieron sólo un 11%, 6 puntos menos que el mes anterior.

Junto con esto, otros grandes perjudicados son los candidatos que no cuentan con un apoyo de una colectividad para presentarse como una opción en la papeleta parlamentaria o presidencial del próximo 17 de noviembre.

La semana pasada fuimos testigos de cómo un grupo de ex líderes estudiantiles, Giorgio Jackson, Francisco Figueroa y Daniela López, emplazaron al Servicio Electoral a garantizar a los ciudadanos que las firmas de apoyo a sus respectivas candidaturas no tendrán otro uso que el de permitir que puedan inscribirse como postulantes oficiales.

Independiente de si uno concuerda o no con los planteamientos de estos jóvenes, lo cierto es que, si ya el sistema les pone altas barreras para poder llegar a su objetivo final, el camino se vuelve aún más empinado cuando se trata de recuperar la confianza de un electorado aún más escéptico.

Por ello es de esperar que tanto el Servel como el Gobierno los propios partidos y, por cierto, la justicia, ayuden a esclarecer lo antes posible cómo se hizo este mal uso de firmas –algunas abiertamente falsificadas- para que no tengamos que volver a pasar por ese momento de dubitación: firmar o no firmar.