La Superintendencia de Salud fiscalizó la primera semana de funcionamiento del decreto que suma 11 patologías a las Garantías Explícitas de Salud (GES), que ahora tienen prioridad de atención por mayor riesgo y costo. Se consideraron básicamente dos cuestiones: Primero, que los profesionales y técnicos de salud que se desempeñan en este plan de garantías estén debidamente acreditados, es decir, que sean realmente universitarios y tengan un título y, segundo, que las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE) hayan enviado a más tardar el 21 de junio las cartas certificadas o correos electrónicos a los cotizantes de estas empresas (1.640.000 personas), para notificar el aumento del precio de los planes de salud, a causa de las nuevas patologías que están en la categoría AUGE.

La superintendenta de Salud, Liliana Escobar, resumió en términos generales el resultado de los dos temas fiscalizados.

“En términos generales, respecto del cumplimiento de la garantía de calidad, este es sin duda mejor en el mundo privado que en el mundo público: un 2% versus un 20% de profesionales que no están en el registro. Respecto de la fiscalización, lo detectado son cuatro mil casos de un total de un millón 600 mil cartas remitidas. Es una fracción menor pero, sin duda, igualmente importante, y por lo tanto también se dan las instrucciones y se inician los procesos observatorios, teniendo en consideración la magnitud del hecho”, explicó.

El Decreto AUGE 80 obliga que todos los profesionales se acrediten ante un Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud y el 1 de julio del próximo año, las empresas de salud y los hospitales públicos que atiendan enfermedades del plan AUGE también tendrán que acreditarse, pero mediante un mecanismo público (no como las acreditaciones de las universidades).

La Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), que agrupa a 20 mil profesionales, dio su visto bueno a la fiscalización, porque “es el resultado de un trabajo técnico que se realizó de manera conjunta con el Ministerio de Salud”, dijo el vicepresidente de la Fenrpuss, Claudio González.

“Aquí lo mínimo que uno puede exigir es que los profesionales estén acreditados, hay todo un problema con la gente que está renovando títulos en el extranjero, que no pasa mucho en el mundo público secundario sino que más en el primario, y yo creo que es un deber del Estado, sea el gobierno que sea, el contar con los profesionales adecuados para ello. Acreditar a las enfermeras, las matronas, los sicólogos, los tecnólogos médicos, los kinesiólogos, todos los ligados al área de la salud pública”, demandó.

Respecto de los correos electrónicos y las cartas certificadas que las ISAPRE debían enviar a los cotizantes, la Superintendencia de Salud dijo que sólo se registraron 3.971 casos en que no hubo notificación (por parte de Banmédica y Vida Tres). Esto equivale a cerca del 0,2% del total de cotizantes de ISAPRE. Al respecto, el vocero de la organización Abogados Equidad en Salud, Pedro Barría, descree de esta cifra, porque la fiscalización sólo se realizó en la Región Metropolitana y no atiende al flujo de personas que está acudiendo a los tribunales de Justicia para impugnar el aumento del precio de los planes de salud de las ISAPRE.

“El número de personas que no recibió carta debe ser muy superior a lo que dice la Superintendencia. Por los casos que recibimos, yo lo cifraría en alrededor de un 30% de afiliados que no han recibido carta o correo electrónico. En una muestra puede ocurrir, depende cómo esté tomada la muestra, pero ocurre que un porcentaje bajísimo de afiliados va a presentar un recurso de protección. Y en un mes y medio yo dudo que más de un 1% de los afiliados lo haga. Estamos hablando de 16 mil personas y esto es grave porque, por ejemplo, Consalud duplicó los precios”, señaló.

La organización de abogados anunció que este mes presentará recursos ante el Tribunal Constitucional, para impugnar la Ley de ISAPRE, con el argumento de que no corresponde que el servicio de previsión de salud esté supeditado al criterio de empresas que lucran, razón por la cual debería existir un mecanismo público y técnico, para que las ISAPRE no sean juez y parte en la definición de los precios.