A nivel nacional, el ingreso total de denuncias por delitos bajó en un 2,7%, lo que significa 18.184 denuncias menos que en igual lapso del año anterior. Además, las denuncias por delitos sexuales cometidos contra personas menores de 14 años subieron en un 19.1, es decir, 535 casos más, con un total de 2.811 denuncias por delitos sexuales.

Esto, según el último balance de la Fiscalía, que no registró variación en las denuncias por delitos de violencia intrafamiliar, los que significan 1 de cada 10 casos. En la primera mitad de este año se registraron 5.833 denuncias de este tipo: bajaron apenas un 0.3%.

Para la Fiscalía, un logro importante es la baja de los “archivos provisionales”, lo que es una muestra de “eficiencia” en la gestión de causas. El director ejecutivo del Ministerio Público, Pedro Bueno, explicó qué importancia tiene que en el período se aplicaran 42.820 archivos provisionales menos.

“Es una de las alternativas que tiene la Fiscalía para dar término de una causa, que consiste en cerrar una investigación cuando se carece de suficientes antecedentes para seguir adelante. Indudablemente para nosotros es un resultado que no es de calidad, que obviamente no nos deja satisfechos aunque sí está contemplado en la legislación. Por lo tanto para nosotros la baja es muy importante, porque significa que esas salidas tuvieron un resultado de mejor calidad”, afirmó.

Donde bajaron las denuncias totales por delitos fue en las regiones de Los Ríos (-5.2%), de Antofagasta (-5.1%), en la zona Metropolitana Sur (-5.7%) y en la Metropolitana Occidente (-6.2%). Los principales aumentos son de las regiones de Los Lagos (0.8%), Biobío (1.2%) y en la zona Metropolitana Oriente (3.8%), donde la autoridad explicó que se debe a “la concentración de patrimonio y riqueza”.

El gerente de Estudios de la Fiscalía Nacional, Claudio Ramírez, dijo que la principal dificultad que enfrenta el trabajo investigativo del Ministerio Público es la calidad de los partes policiales que entrega Carabineros y la Policía de Investigaciones.

“La Fiscalía trabaja fundamentalmente con esa información, por lo tanto en la medida en que el parte policial tenga mayor información, se facilita nuestra actividad. Tenemos contacto con la policía en materia de protocolo, de mejoramiento de la calidad de la información, tenemos el proyecto de transmisión electrónica de partes, un trabajo muy importante con las policías tendiente a mejorar los partes y la información policial”, manifestó.

La mirada panorámica sobre el sistema judicial la aportó el Fiscal Nacional Sabas Chahuan, quien dijo que la debilidad del derecho de acceso a justicia está en la lentitud de las causas sobre Familia y en la escasez de recursos para la asesoría jurídica gratuita que debe entregar la Corporación de Asistencia Judicial.

“Por ejemplo, las personas que tienen juicios civiles, desde contratos de arriendo incumplidos hasta problemas hereditarios, son atendidos adecuada y dignamente por la Corporación de Asistencia Judicial, pero me parece que faltan recursos y deben ponerse en ese ámbito y también mejorar la justicia de Familia, que trabaja con un núcleo sensible de los problemas de la sociedad”, aseveró.

En efecto, los organismos públicos relacionados con Justicia, como la Corporación de Asistencia Judicial, el Servicio Nacional de Menores (SENAME) y Gendarmería figuran en el grupo de los servicios peor evaluados por la población, particularmente por mediciones como la Encuesta Nacional de Derechos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y por la Universidad Católica Silva Henríquez.