No pasó inadvertido. El programa Contacto  de Canal13 generó mucha molestia al interior del Congreso, sobre todo de quienes fueron protagonistas del reportaje que reveló una serie de eventuales conflictos de interés y que 78 parlamentarios omiten información en sus declaraciones de patrimonio a interés.

Por ejemplo, el senador DC Hosain Sabag, quien respaldó mejoras en la calidad de las mediaguas de las familias afectadas por el terremoto, siendo que dos de sus hijos son dueños de una empresa fabricante, acusó una “maquinación política” del diputado PPD Felipe Harboe, compañero de lista en las elecciones parlamentarias próximas.

Ignacio Urrutia, diputado UDI por el distrito 40 que se opuso a la restricción de publicidad en bebidas alcohólicas en condición que su cuñado es un importante accionista de Concha y Toro, aseguró que todo lo que ha votado en temas agrícolas lo ha hecho “defendiendo a la gente de la zona” y no a él, a su cuñado o a su familia.

“Yo represento a una zona que se llama Cauquenes, que es tremendamente vitivinícola, donde la gran mayoría de los agricultores son viñateros y, por lo tanto, yo me debo a ellos. Yo entré a la Cámara entre otras cosas por el tema agrícola, yo no me postulé por otra razón que no fuera para defender a los agricultores. Entonces, si me cuestionan en ese tema, la verdad es que no sé si vale la pena seguir como diputado”, aseguró.

El diputado socialista Carlos Montes solicitó que este asunto, junto al caso del UDI Ramón Barros, sea revisado por la comisión de Ética de la Cámara.

Una actitud distinta a la manifestada por el presidente de la DC Ignacio Walker, quien anunció que presentará una queja formal ante Canal13.

Postura que no fue compartida por el diputado de la misma colectividad y miembro de la comisión de Ética de la Cámara Baja Aldo Cornejo, quien no descartó que sea la propia DC quien revise los casos de Sabag y Adolfo Zaldívar, quien aprobó la polémica Ley de Pesca pese a tener familiares en el sector.

“Yo creo que los parlamentarios no estamos sometidos solo al escrutinio público y al escrutinio de la prensa, sino también al de los partidos a los cuales nosotros pertenecemos, que tienen una institucionalidad. En otros casos, la Comisión de Ética de la Democracia Cristiana ha actuado. Hay un código de ética, no sé si hay mérito para ello pero es muy probable de que algún parlamentario o militante pueda requerirlo y en ese caso tenga que hacerlo”, explicó.

El parlamentario señaló que durante la próxima semana, cuando sesiones las comisiones de Ética de la Cámara y el Senado, podría haber novedades.

“El reportaje amerita que la Comisión de Ética se aboque a conocer lo que ayer vimos. Yo creo que con la actual normativa que rige el código de conducta parlamentaria, la Comisión pudiera eventualmente acordar un tipo de sanción pero, insisto, no existe una norma que impida que puedan votar las personas que tienen conflicto de interés y yo espero que salga pronto. Y, por otra parte, yo creo que hay que fiscalizar y tener una mayor rigurosidad respecto a las declaraciones de intereses que hacen los parlamentarios”, afirmó.

Al igual que el diputado Urrutia, todos los parlamentarios acusados de conflictos de interés se han escudado en el artículo 5b de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que norma las inhabilidades.

Este acápite es, justamente, una de las tantas normativas que, a juicio de Aldo Cornejo, se debe modificar.

Rodrigo Mora, abogado de la Fundación ProAcceso, afirmó que existen otros cuerpos legales que los legisladores deberían considerar al momento de inhabilitares, como el principio de abstención.

“Las autoridades en el fondo tienen que abstenerse si es que en la decisión que van a tomar como Poder Ejecutivo hubiese alguna vinculación de amistad, de parentesco o de negocio. La verdad es que lo que se les pide a los parlamentarios es que todas las decisiones públicas tienen que velar por el interés general más que por el interés particular”, manifestó.

Mora solicitó a los parlamentarios acelerar la tramitación de los diversos proyectos de ley que establecen reglas más exigentes en materia de probidad, transparencia, inhabilidades, conflictos de interés y declaración de patrimonios.