España pasa por uno de los peores momentos económicos de las últimas décadas, si no el peor. Cuando el Estado está prácticamente quebrado y pareciera que solo los inversionistas nacionales y extranjeros son los únicos héroes de esta película de terror con más de seis millones de desempleados que como zombies esperan ser alimentados, nos dan un golpe a la cátedra. Y eso de golpe, que es una palabra que empieza a saturar ahora en Chile con tanta “visita” periodística a los 40 años del bombardeo a La Moneda, queda bien. Porque no es otra cosa que un buen puñetazo en plena cara a nosotros, los que estamos al otro lado del mundo, cuando nos enteramos que un organismo del Estado español perteneciente al Ministerio del Medio Ambiente, le quitó hace unos días la concesión a Endesa y asumió la gestión de una central Hidroeléctrica casi centenaria pero que sigue produciendo como en sus mejores tiempos. Casi de película de ciencia ficción.
La cosa es así: el Estado español aupó a la empresa privada para que invirtiera en la generación de energía.
Las razones de esto acá las conocemos de sobra. Algunas de esas concesiones, en algunos casos, han sido revertidas, como cuando el Estado ha comprobado que no se respetaron las condiciones originales. Pero en muchos otros casos sucede que la concesión caduca. Porque los españoles no entregaron de manera “gratuita y a perpetuidad” los derechos de agua para las hidroeléctricas como lo hicimos nosotros, sino que por un tiempo definido: 75 años. Es lo que sucedió con la hidroeléctrica construida sobre el salto de El Pueyo, en el río Caldarés, en Huesca, y cuya concesión ha recuperado la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) del Ministerio del Medio Ambiente de las manos de Endesa. Sin temor a la crisis económica que tiene al Estado por el suelo, es el mismo Estado el que tiene la dignidad de contratar a otra empresa para que le opere la central y así destinar los recursos a “la restitución económica y social de los territorios”, como ha señalado textualmente.
Además, ven que el dinero que les caerá limpiamente porque ya no hay gastos que pagar porque se trata de una central que está en marcha desde 1929 y sus costos de producción son bajos, sus ingresos permitirán además la restauración ambiental, la modernización de regadíos y las necesidades energéticas del organismos. Si bien se trata de una central pequeña, capaz de producir la energía para el consumo de 15 mil hogares, es un gesto de enormes dimensiones cuando el Estado español acepta que ese negocio de pingües dividendos puede ser la manera de solventar los gastos de su malograda economía.
En Chile, en el año 1982, la dictadura cívico-militar comenzó a implementar las directrices señaladas en la entonces debutante Constitución del 80. A partir de ella, se promulgó el Código de Aguas y con él, el agua y los derechos de su uso pasaban a ser un bien económico bastante particular, puesto que nació un mercado del agua, en el que los privados compran y venden derechos, pero que en el caso del Estado, parecieran no valer nada cuando los entrega en concesión de manera graciosa, gratis y a perpetuidad, a quienes hasta hoy los detentan. Aunque no se trata de una cuestión difícil de entender, la maniobra, claro, es prácticamente imposible que la sociedad chilena comprenda el despojo del cual ha sido objeto. No se trata de un tema que se pueda discutir ni revisar cuando los capitales que están detrás de estos negocios son los mismos que financian las campañas de diputados, senadores, alcaldes y concejales de todo el país, sin distinción alguna, una repartija democrática para que nadie pueda osar tocar el sacrosanto tema de los derechos de agua.
No deja de sorprender que una de las más importantes reservas de agua del planeta, como es la décimo segunda región de nuestro país, tenga a Endesa como dueño de más del 90 por ciento de sus derechos de agua. Por eso es que este golpe que ha brindado el Estado español a este mismo conglomerado energético es una lección a tomar en cuenta. Hay golpes que duelen y causan muerte y destrucción. Hay golpes que dignifican a una nación. Este es uno de esos últimos.