Este mes nos ha obligado a hablar acerca del fenómeno de las migraciones y los derechos de las personas migrantes. Comenzó con el impacto mundial de la llamada “tragedia de Lampedusa”, donde cientos de personas, principalmente provenientes de África, fallecieron al naufragar el barco en el que trataban de llegar a Europa en busca de un futuro mejor. Esto abrió un debate importante acerca de las políticas de migración y refugio en el viejo continente.

Pero luego la discusión se nos hizo más cercana. La semana pasada estuvo en el tapete la situación de las personas migrantes en Chile, particularmente en Antofagasta. Declaraciones abiertamente discriminatorias por parte del intendente en las que acusó a extranjeros y extranjeras de crear problemas y de ser responsables de los quiebres matrimoniales, fueron seguidas por una convocatoria a una marcha en contra de la migración colombiana en la ciudad. “No es racismo, no es xenofobia, no importa si es rubio, negro o verde. Si es extranjero y delinque en mi país lo queremos fuera”, se leía en algunos de los panfletos que circularon en torno a este tema.

La marcha, finalmente, tuvo bajísima convocatoria, y el gobierno salió de inmediato a rechazar la actitud y la discriminación. Sin embargo, este episodio permitió visibilizar y discutir la realidad de quienes llegan a Chile en busca de mejores oportunidades.

Nuestro país progresivamente se está transformando en receptor de personas migrantes. Esto no es “un problema”. Es un fenómeno propio de la realidad mundial, que de alguna manera nos está poniendo a prueba: está revelando cuán racistas y discriminatorios somos, cuánto podemos aceptar la diversidad de colores de piel, costumbres, creencias y  formas de hablar.

La cantidad de personas extranjeras que viven en Chile representan actualmente más del 2% de la población. Las cifras se han triplicado en los últimos 20 años. El origen las del migraciones es diverso, muchas personas lo hacen porque quieren mejorar sus condiciones de vida, para vivir en un entorno más agradable o para reunirse con sus familias, pero también hay quienes huyen de conflictos o desastres naturales o de redes de trata, entre otras cosas.

Pero el crecimiento en la población extranjera en nuestro país, también está poniendo a prueba a nuestras instituciones y el actuar de nuestras autoridades. Si bien Chile ha ratificado el Convenio sobre Derechos de las personas migrantes y sus familiares, la legislación no incorpora expresamente los derechos garantizados en éste. Tener legislación alineada con las normas internacionales en materia de derechos sería un buen primer paso. Sin embargo, tampoco podemos olvidar que la sola legislación no resulta suficiente.

Se requiere tener personal capacitado en los distintos ámbitos de cumplimiento de los derechos de las personas migrantes. Ya en la actualidad hay diversas materias en que el problema no está en la normativa, sino en el conocimiento de los funcionarios y funcionarias de dicha normativa y la manera discriminatoria en que la aplican. Asegurar que esto no suceda es responsabilidad del Estado. Pero también es fundamental asegurar que la información sea accesible a las propias personas que llegan, de manera que puedan seguir los trámites, realizar los reclamos pertinentes y exigir sus derechos adecuadamente.

Y finalmente, se requiere una política de integración clara y medidas que permitan prevenir la discriminación. Políticas adecuadas de educación e integración pueden hacer mucho para reducir la discriminación cotidiana y la probabilidad de que sucedan hechos como los ocurridos recientemente en Antofagasta.

Es fácil caer en actitudes que parecen decir que las personas chilenas tienen “más derecho a tener derechos” que las personas extranjeras, más aún si están en Chile en situación irregular. Es posible caer en estigmatizar a “los extranjeros” o a personas de determinados países como delincuentes, ladrones u otras acusaciones peores. Es fuerte el riesgo permanente de caer en discriminaciones arbitrarias, no sólo entre personas chilenas y extranjeras, sino también entre personas extranjeras según su nacionalidad, basado en los prejuicios que tenemos acerca de los nacionales de cada país.

Pero es importante recordar siempre que estamos hablando de derechos humanos: la no discriminación, el derecho a la integridad física, la libertad de circulación, el acceso a salud y educación, el derecho a reagrupación familiar, entre otros. Y los derechos humanos no tienen nacionalidad. El hecho de que se trate de personas extranjeras, incluso si estuvieran en situación irregular en Chile desde un punto de vista migratorio, no es justificación para denegarles sus derechos humanos más básicos. Y como tema de derechos humanos, es responsabilidad del Estado de Chile abordarlo debidamente, quienquiera que sea que gobierne.

Por ello, como nota final quiero mencionar que me llama la atención no haber podido encontrar referencia a estas materias en los programas de gobierno de los candidatos y candidatas presidenciales, al menos en lo que se ha dado a conocer hasta ahora. Quienes lo mencionan, señalan medidas muy específicas, sin que aparezca claramente una preocupación por abordar el asunto de manera integral. Los hechos recientes muestran la relevancia del fenómeno de las migraciones en Chile y en todo el mundo, y no abordarlo de manera apropiada puede tener como consecuencia graves vulneraciones a los derechos humanos. Y esto es lo que debiera importarnos en definitiva: estamos hablando de personas y sus derechos. La nacionalidad, cuando se trata de derechos humanos, no tiene importancia.