El fiscal de la unidad de alta complejidad, Marcelo Carrasco, inició la indagatoria sobre este cuestionado proceso de recolección de firmas, luego de la denuncia de El Mercurio contra los notarios Gloria Acharán, de Santiago Centro y Roberto Mosquera en Renca.

Ambos son cuestionados por validar miles de firmas sin estar presentes, como les obliga el artículo 129 de la ley de elecciones populares y escrutinios.

Esto incluso fue reconocido por la notario Gloria Acharán, al momento de defenderse ante medios que ella escogió. Por lo mismo, el jefe regional de la Fiscalía Centro Norte se refirió a las próximas diligencias.

“El objetivo es que el fiscal Carrasco pueda determinar si efectivamente se realizó la conducta que describe ese delito, que consiste en no haber cotejado en forma personal que cada una de las personas concurría a suscribir el apoyo a alguno de los candidatos”, señaló. Asimismo, respondió que si bien la notario había reconocido la conducta, esta había sido hecha en el marco de una declaración de prensa y ellos “aún no la han confirmado con una declaración de la persona señalada”, pero que es un indicio y que fueron esos antecedentes que fundaron la investigación.

Sobre las declaraciones de Tomás Jocelyn-Holt, quien calificó de sobrerreacción la actuación del Ministerio Público y acusó una operación política de sus ex camaradas demócrata cristianos, se refirió el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán.

“Es la opinión del señor Jocelyn-Holt, nosotros estamos obligados, ante cualquier hecho que revista aparentemente carácter de delito y que tenga cierta gravedad, iniciar una investigación criminal, puede ser en denuncia, querella u oficio. La fiscalía estimó que había que dar una señal fuerte, en el sentido de que es un delito que no tiene una penalidad tan alta, puede ser grave en términos de connotación. Hay que perseguir todo tipo de delitos que tengan gravedad: corrupción, lavado de dineros, y este delito especial de la ley de Votaciones y Escrutinios también”, argumentó Chahuán.

El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Milton Juica, coincidió con el presidente (s) de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Dahm, según el cual estos casos vulneran la fe pública.

“En este acto de verificar una cantidad casi imposible de firmas, en un acto público, que realmente como dice el presidente subrogante de la Corte de Apelaciones, afecta la fidelidad y la fe pública, eso en un Estado de derecho es grave. Hay que buscar mecanismos que aseguren que eso no vuelva a ocurrir”, expuso.

Sobre esta polémica también se pronunció el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien planteó que la postura del Gobierno es estudiar una normativa que permita una “mejor fiscalización” de manera previa a los comicios.

“Nos parece y vamos a estudiar también si es necesario alguna norma que pueda permitir una mejor fiscalización de lo que sucedió con estas firmas que no fueron debidamente regularizadas y creemos que ahí podemos dar un paso para que la fiscalización la tengamos previamente y no posteriormente a los actos electorales”, dijo el ministro al ser consultado sobre el caso.

De todos modos, el ministro dijo que se debe esperar a que se realice la investigación sobre el caso, para determinar sus causas y posibles falencias del actual sistema.

Paralelamente a la investigación penal, se abrió una disciplinaria que, en el caso de Gloria Acharán, está a cargo de la ministra Amanda Valdovinos y para Roberto Mosquera, por parte de Carlos Gajardo.

Además, cabe recordar que la Asociación de Notarios y Conservadores de Chile envió los antecedentes a su Comisión de Ética.