En las próximas semanas, 48 familias víctimas del maremoto del 27 de febrero interpondrán una demanda contra el Estado por $800 millones. Se trata de habitantes de Constitución, Talcahuano, Pelluhue, Tirúa y Lebu.

Cabe recordar que, durante esta semana,  la Corte Suprema ordenó al Fisco pagar $55 millones a la familia de una de los fallecidos en la tragedia,  Mario Obando.

Los demandantes acusan a las autoridades de la época de acto negligente al no dar aviso oportuno de la ocurrencia de un maremoto, luego del gran sismo registrado esa madrugada.

El abogado Raúl Meza, quien representa a 13 familias, manifestó un optimismo moderado a propósito del reciente fallo del máximo tribunal.

“El fallo de la Corte Suprema constituye sin duda alguna un precedente judicial de mucha relevancia para el resto de las acciones civiles que se van a interponer en contra del Estado chileno, por cuanto el fundamento jurídico que tuvo la Corte Suprema para condenar al Fisco dice relación directa con conductas individuales que tuvieron las autoridades políticas que tomaron decisiones el día 27de febrero, tanto a nivel central como a nivel regional. En consecuencia, el objetivo, naturalmente, del ejercicio de las acciones civiles que se van a interponer contra el Estado chileno dicen relación precisamente con ese fundamento jurídico”, expresó.

La demanda será efectiva la primera semana de enero, antes que se cumpla el plazo de prescripción del caso 27 de febrero.