En el balance elaborado por la organización que dirige la ecologista Sara Larraín, se destacó positivamente el dictamen que confirma la culpabilidad de Celulosa Arauco y Constitución (Celco) por la contaminación del Santuario Río Cruces y la muerte de los cisnes en Valdivia, resolución que se aprobó luego de una lucha histórica de 9 años de investigación. Fallo que obliga a Celco a tomar medidas, bajo sus costos, para preservar el Santuario del Río Cruces.

En este mismo sentido, José Araya, vocero de la agrupación Acción por los Cisnes, señaló la importancia de la presión ciudadana, y que la empresa reconociera su participación en el daño ambiental, lo que ha sido un hecho inédito. Asimismo criticó las falencias del Estado en el proceso.

“Hubo negligencia, complicidad absoluta de parte de varios organismo del Estado y de autoridades regionales con el fin de minimizar la situación y que no se culpara a la empresa por lo sucedido. El eje central de la política no es recuperar un espacio que tiene un valor ambiental, cultural, económico y social muy relevante, ahí chocamos con perspectivas de desarrollo distintas con un conjunto de autoridades”, señaló.

Además, el balance destacó la aprobación de la Ley de Impulso a las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), ante lo cual Sara Larraín declaró que se trataba de una “larga aspiración del movimiento ecologista”, para obligar a las empresas a realizar proyectos de energía limpia, logrando así que no se continúe con grandes centrales hidroeléctricas o a carbón.

Finalmente se destacó la paralización y sanción de las faenas mineras en Pascua Lama, perteneciente a la canadiense Barrick Gold, la mayor minera de oro del mundo, por violación reiterada a la Resolución de Calificación Ambiental de 2005, hecho que la mantiene paralizada.

Respecto de los temas pendientes, la ambientalista subrayó la avalancha de denuncias que ponen en duda la capacidad y eficacia de la fiscalización ambiental, a cargo del Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA). En cuanto a ello, puntualizó en sus falencias y en la necesidad de garantizar la protección del medioambiente.

“Si bien es cierto el país tiene una Superintendencia del Medioambiente, que es nueva, ha recibido más de mil denuncias este año, en un grupo humano demasiado pequeño, donde la mayoría de estas denuncias hablan del no cumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental. Estamos con un débil aparato de fiscalización y con una superintendencia absolutamente colapsada y, por lo tanto, hay que hacer una revisión mayor con el objeto que la tarea fiscalizadora de los permisos ambientales pueda ser real y no una ilusión”, opinó.

Respecto de la muerte de la líder y dirigente indígena pehuenche Nicolasa Quintreman, quien junto a su hermana Berta lideraron la oposición a la central Ralco en el Alto Biobío, la directora ejecutiva de Chile Sustentable destacó su labor, por ser una “líder cultural y político” y que finalmente, gracias a su trabajo, los gobiernos de la concertación se abrieron a ratificar el Convenio 169 de la OIT, comentó.

Como aspecto negativo subrayó la firma del Presidente Sebastián Piñera, aprobando la Consulta Indígena sin considerar a las comunidades originarias, calificándolo de “contrasentido”.

Jorge Weke, vocero del Parlamento de Koz Koz, señaló que la política implementada por el Presidente Piñera, “más que un avance, ha sido un retroceso” para los derechos de los pueblos indígenas.

“Lo que tenga relación con esto tiene que ser con la aprobación plena, completa, integral del pueblo mapuche, pero no a través de soborno o de compra de consciencia, eso es actuar de mala fe y unilateralmente”, adujo el comunero.