Una de las variables menos introducidas en el debate sobre la reforma a la educación guarda relación con la importancia económica de este sector para el país. No solo ha movido fortunas o endeudado a un mar de familias en Chile, sino que también ha tenido un efecto en la economía real: ha sido un importante componente en la creación de empleo en los últimos 4 años.

Según las cifras de la Nueva Encuesta Nacional del Empleo, en los últimos 47 meses el empleo asalariado ha aumentado en 736 mil personas. De ellas, casi 2 de cada 10 se emplean en el sector económico enseñanza. Y para el caso de las mujeres explica el 27,7% del total de variación de asalariadas (sector público y privado).

El sector educación es la tercera actividad económica más relevante en la proporción de asalariados con un 10%, seguida de Comercio (17%) y de la Industria Manufacturera (12,1%). Pero aún más relevante para dar cuenta de su incidencia cualitativa en la creación de empleo, es que concentra el 20% del total de asalariados externos para el trimestre diciembre-febrero 2014. Este sector aumenta exponencialmente su peso relativo sobre el total de asalariados del país, en relación al trimestre enero-marzo 2010, donde sólo era el 5% del total de externos.

De hecho, de la variación de 409 mil asalariados externos de los últimos 47 meses, el 40% corresponde a este sector económico. Es decir, 4 de cada 10 nuevos asalariados externos se emplean en el sector educación.

La importancia de la externalización dentro del total de la variación de asalariados es clara; el 55,6% de la variación de los últimos 47 meses corresponde a asalariados externos. Para el caso del empleo femenino, el 61% del empleo asalariado femenino corresponde a esta categoría. A su vez es una tendencia que ha modificado la estructura del empleo: en el trimestre enero-marzo 2010 el 11,7% de los asalariados era externo, mientras que para el último trimestre publicado esta cifra alcanza el 17,3%.

El problema del crecimiento exponencial de la externalización es que conlleva a una precarización de los derechos colectivos asociados a sindicalización, negociación colectiva y salarios, entre otros. Esto disminuye la probabilidad de que los trabajadores se puedan organizar en su lugar de trabajo, al dividir los colectivos laborales y dejar expuesto al grupo de trabajadores externalizados a los vaivenes del contrato que tiene la empresa mandante, así como también al difuminarse la responsabilidad contractual entre la empresa a quien le presta servicios y la empresa que le paga (sobre todo en el caso de las empresas de suministro de personal).

La subcontratación es también un mecanismo de apropiación de recursos y beneficios por parte del empresario contratista, al gestionar de forma externa a la empresa mandante y a los trabajadores el costo de su fuerza de trabajo. De cierta forma, sus ganancias son subsidiadas por los trabajadores externos.

Con este modelo, no solo se externaliza una actividad económica secundaria al giro de la empresa (cuestión manifiesta por ley, pero de difícil cumplimiento), sino que también se externaliza la relación entre empresario y trabajador, por lo tanto, se externalizan los derechos laborales. Así, quien tenga el activo “trabajadores” tendrá poder sobre una cantidad de recursos que no tendría si no tuviera dicho activo.

Lejos de la retórica contemporánea que explica la externalización como producto de los vaivenes de la competencia internacional y de un acople racional de las empresas a tales cambios, esta práctica ha sido utilizada en el sector portuario, agrícola y pesquero desde tiempos inmemoriales bajo la figura del “enganchador”. Esta figura, hoy continúa siendo utilizada a través de las empresas contratistas.

La Educación, como actividad económica productora de empleos y valor, está privilegiando tal apropiación de activos para generar empleos precarios y de bajos salarios. Es decir, reproduce lo que entrega como “prestador de servicios” (educación de baja calidad) en su faceta de empleador (condiciones individuales y colectivas precarias).

Según la Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos 2012 (NESI 2012), el 50% de los subcontratados no calificados (en general, empresas de aseo, de seguridad, de casino, etc.) que trabajan en educación perciben hasta $200 mil, menos que el nivel nacional de los ocupados (excluyendo la categoría empleador) –que ya es bajo– donde alcanza $263 mil. De hecho, el trabajador no calificado contratado directamente, si bien mantiene de todas formas bajos salarios, siguen siendo superiores a quienes son externos con $255 mil de ingresos promedios y donde el 50% gana menos de $243 mil ($40 mil más que el trabajador subcontratado).

La explosión de matrícula escolar y universitaria en establecimientos privados subvencionados, que genera aumento de prestación de servicios y aumento de trabajadores a su haber, funciona maximizando sus ganancias, precarizando a sus consumidores (¿derecho a la educación?) y a los trabajadores, en sus condiciones individuales, colectivas y salariales.

Es un modelo de sociedad el que se expresa en este sector económico y su magnitud es tal, que logra mover indicadores agregados de empleo, por lo tanto, no son solo simples “sostenedores” o “prestadores de servicios”, sino que también empresarios. Y ya se sabe el humo que nos ha generado como sociedad el que este actor sea el preponderante en las decisiones que el país ha tomado en las últimas décadas. Dentro de la discusión de la reforma a la educación, también debe ser puesto en cuestión el modelo de relaciones laborales que lo sostiene y no dejarlo a un lado, como si no se tratase del giro principal de “la empresa educativa”.

* Alexander Páez, investigador Fundación SOL