Además de mantener vigentes la Constitución de 1980 y el modelo económico impuesto por la Dictadura Militar, los seis gobiernos que han seguido al de Pinochet han mantenido un sistema electoral que ha consolidado la existencia de un duopolio político en el Parlamento que en la práctica torpedea el avance democrático, dado que una de las grandes trampas de la institucionalidad heredada consiste en la exigencia de quórums altísimos para cualquier modificación real de nuestra institucionalidad autoritaria y excluyente. Si ahora es posible visualizar algún cambio en nuestro régimen binominal se debe, más bien, al descalabro de la derecha en los últimos comicios, lo que operó en favor de la Nueva Mayoría como de algunos pocos independientes que lograron algunos cupos en nuestra Cámara de Diputados. De todas maneras, la reforma planteada por el Gobierno en tal sentido necesita del voto de todos sus parlamentarios y de unos cuantos más de la Oposición, objetivo bien difícil de lograr cuando unos y otros asumen que su reciente elección, y la posibilidad de ser reelegidos, tiene sustento en esta fórmula electoral de elegir sólo dos representantes por distrito y circunscripción. Al mismo tiempo, se sabe que la Ley vigente establece una división electoral tan absurda y asimétrica que le da la misma representación en el Congreso, por ejemplo, a los 90 mil votantes de la Undécima Región como al esos dos millones 600 mil ciudadanos de la Región Metropolitana Oriente.

Nuestros legisladores discuten en la actualidad una reforma al sistema electoral que más bien contempla cambios superficiales a lo que existe, más que avanzar hacia un sistema electoral proporcional, como fue prometido. Durante la semana pasada, los diputados Alejandra Sepúlveda, Vlado Mirosevic y Giorgio Jackson emitieron un documento donde señalan la desventajosa situación en que quedarían los que no tienen militancia, en caso de que se aprobasen las enmiendas propuestas por el Ejecutivo al Parlamento, las cuales -entre otros dislates- mantendrían la disposición que obliga a los independientes a integrarse a las listas de los partidos para poder acceder al Parlamento.

Pero el cuestionamiento más severo a esta iniciativa gubernamental está planteado en el “Análisis del proyecto de ley de Reforma al Sistema Binominal”, un estudio realizado por la Fundación Moebius (cercana al Partido Humanista) donde se concluye que dicha reforma electoral no se propone realmente “un sistema proporcional inclusivo” como lo prometiera la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, antes de remitir su reforma al Poder Legislativo. Se trataría de cambios que no atacan el corazón del binominalismo actual de forma que, aún con la ampliación del número actual de diputados y senadores (contemplada en  la nueva normativa) la correlación de fuerzas seguiría favoreciendo al actual duopolio político, salvo la inclusión de apenas uno o dos parlamentarios de otras denominaciones o sin militancia. Y para demostrar esto, los investigadores de Moebios aportan una minuciosa simulación basada en los resultados de la última elección del año pasado aplicados a las normas de esta potencial reforma electoral.

Estos primeros cuestionamientos a la iniciativa gubernamental estarían descubriendo que quienes estructuraron esta propuesta habrían realizado previamente un hábil proceso de “ingeniería política” para que nada cambie mucho en nuestro actual régimen político minoritario y discriminador. Con lo cual se aseguran, asimismo, los quórum necesarios en el Parlamento para hacer prosperar el proyecto, como, por cierto, hacer creer a quienes han demandado los cambios institucionales de que, ahora sí, éstos podrían lograrse en la propia tramitación legislativa. De alcanzarse esta reforma electoral, ella podría servir de argumento para emprender nuevos retoques a la Constitución de 1980 solamente convenidos entre La Moneda y los parlamentarios del duopolio, soslayando la demanda nacional por una Asamblea Constituyente. Una instancia que, ciertamente, garantizaría un texto original y distinto, que además fuera refrendado por la ciudadanía.

Cifrar la reforma electoral en lo propuesto por el Gobierno en ningún caso nos va a acercar al régimen proporcional y de cifra repartidora que tuvimos en el pasado donde, junto con elegir legisladores acorde a una equitativa distribución demográfica, el Parlamento le daba cabida a una diversidad de expresiones hoy segregadas. Una institucionalidad que posibilitaba, ciertamente, la renovación de nuestros representantes, cuanto exigía de los partidos políticos una democracia interna que propiciaba el debate ideológico y alentaba el surgimiento de nuevos liderazgos. Ya sabemos cómo en toda la posdictadura los partidos han devenido en superestructuras cupulares y electorales, tal como se comprueba que es en el cuoteo político donde mantienen vigencia colectividades sin raigambre militante e ideario programático. Es un hecho, también, que es el dinero y la propaganda electoral lo que más influye en los resultados de cada contienda. Gastos poco transparentes y habitualmente excedidos, para colmo, de los límites permitidos por la propia legislación vigente.

Con una faramalla legislativa como la que sigue el Congreso en esta reforma seguro que se busca burlar nuevamente a la mayoría que es refractaria a los cambios cosméticos de nuestra institucionalidad. Pero, felizmente, ya han surgido las primeras voces en el propio Parlamento y la sociedad civil para advertirnos de esta nueva impostura de quienes, en realidad, se sienten muy cómodos con el binominal. Ya sea en el propio oficialismo como en la derecha política y empresarial.

En la medida, entonces, que nos alertemos respecto de esta nueva negociación popular, inscrita en la consabida “política de los acuerdos”, los chilenos podemos adquirir más convicción y fuerza para demandar la consulta popular y el debate ciudadano, cuyos mecanismos republicanos por excelencia no son otros que la asamblea constituyente y el plebiscito. Cuando, por supuesto, en 25 años la ciudadanía no ha podido darse un Poder Legislativo de origen y ejercicio democrático; aún cuando algunas expresiones vanguardistas que eran muy ácidas a la institucionalidad que nos legara el Dictador hoy se conformen con las migajas que les asignan quienes han sacralizado y administran el modelo institucional.