El edificio, una torre de departamentos de 19 pisos, supera los 25 metros de altura autorizados por la ley establecida para el barrio patrimonial, pero además se trata de una inmobiliaria que pertenece a la universidad, desvelando de forma patente la relación entre el lucro y la misión educativa.  Lo más grave, es que el director de obras de la pasada administración, procesado y juzgado por fraude a una pena de cárcel, admitió durante el proceso que había recibido coimas de parte de los dueños de la inmobiliaria.

El presidente del Colegio de Arquitectos, Sebastián Gray, sostuvo en entrevista a Radioanálisis de la radio Universidad de Chile, que respalda plenamente la decisión del alcalde de Recoleta, como también destaca el ilícito en el que incurrió el ex director de obras de la municipalidad.

“Al acreditarse que hubo cohecho en la emisión de estos permisos de obra que fue fraudulento, todo los actos de derecho pueden quedar nulos. Es muy difícil en Chile echar atrás un proyecto de obras aunque haya sido mal otorgado, un caso notorio es el mall de Castro en que hay un proceso judicial, se está alegando y hay pruebas suficientes para determinar que el permiso de obras para construir esa monstruosidad estuvo mal otorgado, sin embargo, va a ser muy difícil que se termine demoliendo”, enfatizó el presidente del Colegio de Arquitectos.

Las inmobiliarias, asegura el profesional,  ex profeso “juegan al hecho consumado”, es decir saben que pese a todo, la obra se mantendrá en pie y no perderán su inversión.

Sebastián Gray afirma que el alcalde de esta comuna ha logrado algo muy interesante.  “Porque podría instaurar una nueva era de aquí en adelante cuando el mundo inmobiliario y los socios de la Cámara Chilena de la Construcción, que deberían pronunciarse claramente respecto de este caso, se den cuenta que se puede llegar a una cosa tan insospechada, dolorosa y ofensiva como demoler la mitad de un edifico ya construido con todo lo que eso significa, que son pérdidas millonarias”.

Otro dato que señala el arquitecto es que la propuesta contemplaba colocar la estatua del Papa Juan Pablo Segundo, lo que a su juicio resultó ser un artilugio de los empresarios para disimular un negocio inmobiliario.

El presidente del Colegio de Arquitectos también aclara que resulta difícil con la actual normativa, muchas de ellas que no han sido actualizadas en los respectivos municipios, frenar este tipo de ilícitos, destacando que en este caso, lo hicieron de tal manera que violaron sistemáticamente las normas vigentes para hacer algo que finalmente no estaba autorizado.