Cabe recordar que luego del paso por la Corte de Apelaciones, la demanda de las comunidades se ha materializado en un recurso de protección presentado en la Corte Suprema, por el incumplimiento de la consulta a los pueblos indígenas que exige el Convenio 169 de la OIT.

El Lonko Fidel Rain, de la Comunidad Weke Trumao, en la comuna de Quellón, explicó que están viendo la forma de incorporar la visión de comunidades que no son indígenas, pero que pertenecen al Consejo.

Asimismo, exigió que debieran invertirse los recursos en otras iniciativas.

“Un proyecto que beneficia solamente a los empresarios para sacar más recursos de la isla de Chiloé, y aquí hay falencias súper grandes como falta de caminos. Yo por donde vivo tengo que caminar por una montaña con botas para barro. Hay tanta falta de infraestructura, faltan muelles en las islas, hospitales. Donde yo vivo hay una estación rural que cuando hay mucha gente en el lugar, abren la puerta y todos tenemos que corrernos para un lado, y cuando la cierran, volver a acomodarnos devuelta. En esas condiciones estamos nosotros”, relató Fidel Rain.

El Lonko no descartó llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en caso que la Corte Suprema no falle a su favor.

Respecto de las tres iniciativas del Ejecutivo, en favor del desarrollo indígena, Rain reclamó que se ha pasado por sobre ellos al fijar un plazo de seis meses a la consulta de los pueblos, lo que a su juicio, el Convenio 169 no avala.

En tanto, el asesor jurídico del Consejo Huilliche de Chiloé, José Luis Mansilla, acusó que por parte del Estado y del Ministerio de Obras Públicas no se había informado sobre la realización de una consulta indígena, que solamente establecía dos áreas de influencia, en los sectores de Chacao y Pargua, lugares que en su opinión “son minúsculos en relación al territorio que comprende el Archipiélago de Chiloé”.

De este modo, “el gobierno ha tratado de consultar a ciertas autoridades políticas del Archipiélago, pero no así a las autoridades tradicionales”, agregó el abogado.

José Luis Mansilla precisó “Este consejo que lo componen distintas asociaciones y comunidades indígenas, que se encuentran emplazadas dentro del Archipiélago, tiene una oposición rotunda a la construcción de este mega proyecto, dado que se ve que más que el trasfondo de la conectividad en beneficio de los propios chilotes. Es solamente producto de industrialización y extraer todos los recursos que tenemos en el Archipiélago. Se ve con temor la construcción de este puente”.

Por último, Mansilla defendió que para desarrollar un correcto proceso de consulta a los pueblos originarios, por las políticas públicas impulsadas por el Estado, se debería derogar el Decreto Supremo 66 y establecer un nuevo reglamento de consulta que sea validado por todas las comunidades indígenas de Chile.