“Después de un proceso de consulta, donde he escuchado a diferentes actores de nuestro país y cumpliendo mi deber de salvaguardar el interés superior de Chile, he tomado la decisión de objetar la competencia de la Corte Internacional de La Haya”. Esas fueron las palabras que la Presidenta Michelle Bachelet utilizó para dar a conocer la decisión del Gobierno.

De esta forma, se pone término a una serie de especulaciones y corona además, la ofensiva comunicacional emprendida por representantes de ambos lados del denominado duopolio político que, desde hace semanas, insistían en que se tomara este camino.

Los argumentos del Gobierno son conocidos, “defensa de la territorialidad” y la insistencia de que la postura nacional está acorde con “lo expresado en el derecho internacional”, similar discurso al utilizado en la demanda marítima peruana y que, como sabemos, no resultó fructífero.

Además, desde el Ejecutivo insisten en posicionar esta acción como una política de Estado, que iría más allá de las diferencias o posturas políticas. Por lo mismo, se efectuó un proceso de consulta de diversos actores, los que en su totalidad apostaban por desechar las capacidades de la Corte para dirimir un tema, que según la postura de Gobierno, está zanjado en el tratado de “Paz y Amistad” de 1904.

Pero, dicho proceso de consulta no pasó, en ningún momento, de los ex Presidentes de la República, que durante sus periodos al mando lograron pocos avances en esta materia, o expertos que se alinearon finalmente con la postura mayoritaria de la clase política.

Luego de conocer la decisión del gobierno chileno, el Mandatario de Bolivia, Evo Morales, se refirió a los pasos a seguir por su país en esta demanda “Tenemos plena confianza de nuestros fundamentos de hecho y de derecho. (…) Es contradictorio que Chile diga ser respetuoso del derecho internacional y rechace la competencia de la Corte de La Haya”, afirmó.

Desde los sectores ajenos al duopolio político criticaron la decisión de la Presidenta Michelle Bachelet y la poca capacidad política que ha tenido la clase gobernante de nuestro país para encontrar una solución consensuada y que represente un beneficio para ambas naciones.

La ex candidata presidencial y representante del Partido Igualdad, Roxana Miranda, fustigó la decisión del Gobierno señalando que “lo que hace Chile es un pataleo para demostrar el patrón que fundo que es, me parece mal la forma y, sobre todo, cuando se está desconociendo que éste es un tema de territorios”, sostuvo.

La dirigente de Andha Chile democrático agregó que “Bolivia en algún momento sí tenía salida al mar y ahora no lo tiene, ¿quién produjo esto?, los mismos gobiernos que han permitido que los límites de Chile sigan en mano de quienes ya sabemos y que tienen como propósito negarle la salida al mar a Bolivia”.

Por su parte, el ex candidato presidencial del Partido Humanista, Tomás Hirsch, negó que exista apoyo unánime a la postura expresada por el Ejecutivo.

“No acepto el chantaje que pretenden imponer quienes dicen que aquí, como es un tema de Estado, todos tenemos que cerrar filas y opinar igual. No opinamos todos igual, algunos creemos que es mejor el camino del diálogo, de la integración, de la validación de los instrumentos jurídicos internacionales, así que, siendo un tema de Estado, tenemos distintas miradas y aspiramos a que estas sean escuchadas”, afirmó.

Similar apreciación tiene el representante de la Izquierda Autónoma y ex vicepresidente de la Fech, Francisco Figueroa, quien manifestó que la decisión de Bachelet es “una postura que dificulta la posibilidad de llegar a un acuerdo con Bolivia, que permita a los dos pueblos sacar un acuerdo complementario que contribuya al desarrollo de un país. En aras de una supuesta unidad nacional bien frágil, se está ocultando una necesidad mucho mayor”.

Desde el mundo académico también existen reparos a la decisión, en este caso, por los tiempos elegidos para la presentación de las “excepciones preliminares”.

Así lo señala el abogado experto en derecho internacional de la Universidad de Chile, Jaime Lagos Erazo, quien advierte que esta decisión pueda ser contraproducente.

“Siempre he considerado, y es el mismo tema que estudiamos dos años y medio atrás en el caso de Perú, que es arriesgado, porque uno revela todas sus cartas, además tiene un impacto psicológico muy importante ganar una incidencia procesal, por lo tanto, ciertamente es un ejercicio riesgoso, mucho más prudente es esperar un tiempo más y plantearlo en la contramemoria”, afirmó el abogado.

El próximo 15 de julio vence el plazo para presentar la impugnación ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que será, en definitiva, la que decidirá si acoge o no la postura nacional.