Ya comenzaron las negociaciones sobre el borrador dado a conocer este lunes, que busca generar un consenso entre los países participantes de la próxima Cumbre de Cambio Climático que se desarrollará en Paris en 2015, encuentro que tiene como objetivo reemplazar el cuestionado protocolo de Kioto, estableciendo medidas de mayor impacto y más vinculantes para combatir este fenómeno.

La meta que ha planteado Chile es llegar al 2020 con una reducción de un 20 por ciento de las emisiones de gas invernadero. Si bien la contribución del país no alcanza ni a un 0,3 por ciento del total global de emisiones, las señales que den pueden ser relevantes para influir en la postura de sus países vecinos.

Así lo indicó Ezio Costa, Director Ejecutivo de la Fiscalía del Medioambiente (FIMA), única ONG nacional acreditada como observadora en la COP.

“Es clave antes que nada que se llegue a un acuerdo, que los países sean capaces de poner una voluntad de colaboración y finalmente acordar algún consenso” y añadió que, por otro lado, le piden al gobierno de Chile “que sea más audaz, que considerando la vulnerabilidad que tiene, muestre una posición más de vanguardia y presione a los países más grandes para que ellos sí tomen un acuerdo que finalmente sea beneficioso para toda la humanidad”.

Pero no sólo de reducciones se tratan las discusiones de este año en Lima. Ya hay varias organizaciones que sugieren sumar a las medidas de mitigación otras relacionadas con la adaptación a los efectos sociales del Cambio Climático.

Así lo explicó, en conversación con Radio Universidad de Chile, Paulina Aldunce, académica del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables de la Universidad.

La socióloga ambiental es también Líder del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), organización que define a Chile como un país muy vulnerable a estos cambios.

“Uno de los impactos más importantes es la potencial afectación que podría tener el Cambio Climático sobre los diversos medios de subsistencia, sobre todo de aquellas poblaciones vulnerables que dependen de los recursos naturales, como la agricultura” y añadió que esto se expresa con claridad, por ejemplo, “en el caso de poblaciones que a su vez dependen de la disponibilidad de agua”, señaló la socióloga.

Esto, junto a la aceleración de frecuencia de eventos extremos como lluvias, ciclones, tormentas, además del aumento en nivel del mar ha puesto en riesgo la vida de muchas comunidades y ha gatillado un fenómeno de migración forzada.

Por eso, este martes se presentó el libro “Desplazamiento ambiental, Globalización, y Cambio Climático: Una mirada desde los Derechos Humanos y de los pueblos indígenas”, publicación editada por el Observatorio Ciudadano y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA, por su sigla en inglés).

Su autora, la periodista Paulina Acevedo, especialista en Derechos Humanos, democratización, migración y políticas públicas, se refirió a la importancia de discutir este tema hoy en la COP.

“Es muy importante instalar esta discusión en el seno de Naciones Unidas, por eso los indicadores que se incluyen en el libro son de este organismo, porque lo que se postula (y es algo que ha planteado Bangladesh y a lo que nos hemos sumado otras organizaciones), es que se establezca un protocolo adicional a la Convención Marco de Cambio Climático, así como el Protocolo de Kioto de reducción de emisiones, para que los Estados destinen recursos, establezcan compromisos y enfrenten las migraciones y desplazamientos forzados”, afirmó Paulina Acevedo.

En la actualidad cerca de 50 millones de personas en el todo mundo han debido abandonar sus tierras, fenómeno que aumenta año a año, por lo que el Panel de Expertos de la ONU estima que, al 2050 las migraciones podrían alcanzar los 250 millones, constituyendo el problema más grave del Cambio Climático en el siglo XXI.