Lejos de encauzar la crisis del sistema político, la llamada “salida administrativa” que anunció el SII para los escándalos de connivencia entre el dinero y la política podría bloquear la oportunidad de reconciliar a la ciudadanía con la institucionalidad del Estado.

Bajo el rótulo de “plan de fiscalización inteligente”, la estulta iniciativa favorece a 200 contribuyentes sospechosos de defraudar al fisco y al electorado para alimentar sus bolsillos y financiar ilegalmente algunas campañas políticas. Además de tonta -porque sólo posterga la inevitable verdad y consiguiente justicia-,se trata de una acción que, a la postre, echará bencina a la hoguera, agudizando la crisis de credibilidad del sistema político y económico.

La medida administrativa se dio a conocer cuando recién entraban a la cárcel los controladores de Penta, hombres-símbolo de la captura de la política por el dinero. Todavía ni siquiera partían los motores del consejo asesor del Gobierno, destinado a proponer regulaciones para desinfectar la herida de la Democracia.

¡Menudo contraste! Entidades autónomas como el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y un representante civil (“Ciudadano Inteligente”) se están jugando ante la Justicia por defender el interés superior del país ¿y qué hace el Gobierno de los cambios y las reformas estructurales? Le da una segunda oportunidad a los corruptos, so pretexto de corregir situaciones que no serían delictuales.

Frente a eso, al menos debiera incomodar al SII el alegato formulado el sábado por el abogado Julián López, defensor de los Carlos Délano y Lavín, quien incluyó entre sus argumentos contra la prisión preventiva el anuncio hecho el viernes por el director del SII.

Las erráticas conductas del servicio recaudador de impuestos se iniciaron en enero. En su querella del 9 de ese mes contra el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, el SII pidió la incautación de la contabilidad de SQM entre 2009 y 2014, período durante el cual se habrían registrado aportes ilegales a candidatos de la Alianza y la Nueva Mayoría. Tres días después cambió de opinión y restringió la búsqueda a julio de 2009, el mes que configuró el delito de Wagner.

Para entonces, el Ministerio Público habría detectado prácticas similares a las de Penta, no sólo en Soquimich, sino en Alsacia, Corpbanca y Ripley, que involucraban a políticos de varios sectores. Sin embargo, la renuencia del SII a presentar querellas impide por ahora avanzar en esas pistas.

Según el director de Impuestos Internos, los antecedentes de la Fiscalía para solicitar nuevas querellas son insuficientes. Sin embargo, la abogada que destapó el caso fraude al FUT en 2013, Marisa Navarrete, asegura que “lo que está haciendo el Servicio es incomprensible”.

Seguramente, lo que busca el Gobierno es evitar un desplome del sistema político y económico, para proteger a la democracia de los populismos y totalitarismos que suelen seguir a las crisis institucionales. Una suerte de “razón de Estado”, parecida a las tantas que conocimos durante la transición.

Supongamos que las investigaciones judiciales que tanto elude el SII terminan destapando una caja de pandora y configuran el peor de los escenarios: buena parte de la elite política y empresarial desfila por los tribunales rumbo a la cárcel; el Congreso se queda con la mitad de sus parlamentarios y; la economía se entumece, porque los grandes inversionistas están tras las rejas.

En suma, una pesadilla que, noble y responsablemente, el Gobierno espera evitar. De ser así, el razonamiento sólo demuestra la incapacidad de visualizar una crisis aún peor: participación electoral de un dígito, imagen país en picada, inestabilidad política, conflictividad social, dictadura del mercado…

Y es que el Pentagate y el negocio de la nuera de la Presidenta profundizaron una indignación latente de la ciudadanía contra los abusos de las grandes empresas, contra el sometimiento de la elite política a los intereses particulares del mercado, contra las barreras de acceso mayoritario al bienestar. Tarde o temprano la concentración económica y la elitización de la política terminarían corrompiendo la institucionalidad.

¿No será mejor dejar que la justicia funcione? Quizás una reforma estructural a las regulaciones del mercado, un cambio constitucional con verdadera participación ciudadana y una auténtica redistribución del poder permitan sanar a Chile de su decadencia.