En la cuenta pública del 21 de mayo la Presidenta Michelle Bachelet pronunció 16 mil 549 palabras. Exactamente cuatro de esas palabras fueron “derechos humanos”, lo que equivale a 0,02 por ciento del total de su discurso anual.

Se trata de un desempeño verbal –por no hablar de su aspecto político– bastante pobre para una mandataria que ha sido víctima de graves violaciones a los derechos humanos. Su padre, el general de la FACH Alberto Bachelet, murió a causa de las torturas a las que fue sometido por sus propios compañeros de armas en la Academia de Guerra Aérea en 1974. La propia Michelle Bachelet y su madre, Ángela Jeria, pasaron por el centro de tortura y exterminio de Villa Grimaldi en 1975. Y, tras sobrevivir, vivieron varios años en el exilio en Alemania Oriental.

Pero nuestra actual mandataria sufre de un síndrome poco común: un alma en conflicto. Bachelet no sólo ha sido víctima de las violaciones cometidas durante la dictadura, sino que, al mismo tiempo, nunca ha dejado ser parte de la llamada “familia militar”.

“Pese a ser mujer y además socialista, los militares la querían mucho, la respetaban mucho”, dice un funcionario del gobierno de Lagos al recordar el papel de Bachelet como ministra de Defensa a comienzos de los años 2000. “Muchos pensábamos en esa época que eso de ‘la familia militar’ era un constructo, pero no, Bachelet era de la casa, los uniformados de verdad sentían que ella era parte de su familia”.

El programa de gobierno que Michelle Bachelet presentó en su campaña presidencial en 2013, apenas dedica unos pocos párrafos al tema de derechos humanos. Respecto a las violaciones perpetradas durante la dictadura sólo hay una línea: “Revisaremos lo referido a los archivos judiciales de las violaciones a los derechos humanos que tienen un período de 50 años para poder ser conocidos y revisados”.

Sin embargo, un exhaustivo reporte presentado en diciembre del año pasado a La Moneda por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior para levantar el secreto de 50 años que pesa sobre los testimonios de las casi 40 mil personas que declararon frente a las comisiones Valech I y II –donde figuran con nombre y apellido los torturadores– está acumulando polvo en el palacio presidencial.

Ni en su discurso del 21 de mayo ni en las semanas anteriores la jefa de Estado ha hecho referencia alguna a la huelga de hambre que muchos ex presos políticos sostienen hace más de 40 días. Y eso que entre los huelguistas se encuentra un compañero de prisión de su padre, Óscar Silva Vidal, y una compañera de celda de la propia mandataria en Villa Grimaldi, María Alicia Farfán. Ambos le pidieron a la mandataria pronunciarse e involucrarse para encontrar una solución. Sin embargo, Bachelet simplemente ignoró esas peticiones así como toda la huelga de hambre, y se limitó a dejar el tema en manos de funcionarios de gobierno segundo orden.

Lo cierto es que, cuando se examina más de cerca el historial de políticas públicas de Michelle Bachelet en el tema de las violaciones a los derechos humanos, emerge un cuadro que no le es tan favorable. “Bachelet no ha tenido una política de empujar por los temas de derechos humanos”, afirma un conspicuo abogado que fue miembro de la Mesa de Diálogo a fines de los años 90 y también de las comisiones Valech en los 2000. “Siempre prefiere cuidar mucho sus relaciones con las fuerzas armadas”.

De hecho, en privado muchos abogados de derechos humanos ventilan su frustración respecto a la tibia actitud de la Presidenta. Afirman que, dado su pasado personal y también su cercanía con el mundo militar, podría ser una líder enérgica en estos temas, no sólo en Chile, sino que en América Latina. No obstante, casi siempre opta por la cautela y por favorecer a los uniformados.

En los últimos meses La Moneda ha intentado frenar algunas acciones legales en causas de derechos humanos y ha ignorado o postergado decisiones importantes en este ámbito. Lo cierto es que, al revisar más de cerca sus actuaciones, emerge un cuadro que puede parecer contra-intuitivo: desde el retorno a la democracia en 1990, los dos gobiernos de Bachelet son los que menos han empujado por esclarecer y sancionar las violaciones cometidas durante la dictadura. Parece una paradoja considerando que la mandataria y su familia fueron víctimas de ese régimen y defensoras de los derechos humanos en los años 80. Pero la historia reciente de la Presidenta muestra que, puesta en la encrucijada entre avanzar las causas de las víctimas o resguardar su membresía en la “familia militar”, suele optar por lo segundo.

“Ella no quiere abusar de su posición de autoridad y también de víctima”, asegura un alto funcionario del Ministerio del Interior que la conoce en persona. Lo mismo piensa una persona que trabajó cerca de ella en los años 90. “Creo que tiene una suerte de reticencia o pudor en ocupar su investidura, tal vez siente que sería privatizar o familiarizar el tema de los derechos humanos”, asegura.

Ahora el flamante ministro del Interior, Jorge Burgos, tiene la palabra. ¿Levantará el gobierno los 50 años de secreto que imperan sobre los testimonios de las comisiones Valech? Y, claro, la decisión política final estará en manos de Michelle Bachelet. ¿Dónde estarán, esta vez, sus lealtades? ¿Con las víctimas de la dictadura o con la familia militar?