Durante la semana se dio a conocer que el fiscal Javier Carrasco, quien conduce la investigación del derrame de petróleo del pasado 24 de septiembre en la Bahía de Quintero, había descartado la posibilidad de excluir a algún funcionario de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en el proceso que comienza el próximo martes.

Esto porque sólo se formalizaría al dueño del remolcador, Patricio Cárcamo y al práctico de la Armada, Eliseo Jamett, ante lo que se mostraron conformes los funcionarios de la firma estatal.

El presidente del Sindicato de Trabajadores de Refinería Aconcagua de ENAP, Nolberto Díaz, sostuvo que desde un primer minuto dijeron que la empresa no tenía responsabilidad, porque las tarea de conexión y descarga son actividades completamente externalizadas. “Aquí hay responsabilidad absoluta del práctico y del capitán del buque Mimosa, por lo tanto, lo que hace la Fiscalía es confirmar nuestros dichos”, dijo.

El también vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) afirmó que ellos quisieran que esas operaciones no fueran privadas, sino que estuvieran a cargo de los funcionarios de ENAP, desde conexiones marinas hacia adentro, pero indicó que “la lamentable realidad es que en Chile está todo privatizado”.

Además, sostuvo que la petrolera fue la primera empresa que salió a mitigar y a responder por esto. No tiene la misma visión la senadora de  Amplitud, Lily Pérez, quien presentó la demanda junto a cuarenta pescadores y mariscadores, planteando en que existía responsabilidad de funcionarios públicos.

El abogado querellante, Wladimir Mondaca, sostuvo que la audiencia de formalización es la primera etapa del proceso penal, es una fase muy inicial o muy verde, por lo tanto sería equivocado descartar responsabilidades de la ENAP.

En ese sentido indicó que hay dudas razonables sobre si las espías que son las cuerdas que amarran o fijan la nave al ducto de ENAP, eran lo suficientemente largas  estaban en condiciones técnicas de soportar la tracción que realizaba el remolcador.

Además, afirmó que les gustaría aclarar quien estaba en ENAP vigilando a la recepción del combustible, entendiendo que allí esas personas debieron dar la alerta cuando se produjo la desconexión y la manguera del barco comenzó a verter el petróleo directamente al mar.

Recordemos que el derrame de más de 38 mil litros de petróleo afectó una extensa y aún indeterminada cantidad de kilómetros, generó la pérdida de ecosistemas marinos y la muerte de aves. Además, dejó un importante sector de la población, que depende del mar para su sobrevivencia, en una compleja situación económica.

El abogado añadió que hay un funcionario de la Armada formalizado, así que ya se constata la presencia un empleado público involucrado y que no descarta que se sumen más. De hecho la Armada ha instruido un sumario administrativo interno con la finalidad de esclarecer las responsabilidades en el caso.

En esa misma línea se pronunció también Álex Muñoz, director ejecutivo de la organización Océana, que ha estado muy presente en el derrame, para develar el desastre ambiental que ha generado. Para él esto es sólo la arista penal, es decir quienes tuvieron una incidencia directa en el derrame, de forma culposa o dolosa.

Sin embargo, indicó que las responsabilidades institucionales no están cubiertas por la investigación del Ministerio Público. En ese sentido, indicó que “no se puede cortar el hilo por lo más delgado” con esta investigación, y que el Estado debe exigir una respuesta amplia por parte de las empresas que operan en esta bahía.

Una localidad donde, afirmó, frecuentemente se suelen ver malas prácticas por parte de las empresas en una zona que es considerada como “de sacrificio ambiental”. Además, indicó que Ocena presentó una querella ante la Superintendencia del Medioambiente (SMA) la que, en todo este tiempo, no se ha pronunciado, criticando la falta de celeridad de un organismo para el cual este tema debía ser prioritario.