En la Comisión de Constitución se aprobó una indicación que permite que las empresas aporten dinero a los partidos políticos.

Con nueve votos a favor, los parlamentarios avalaron una donación por un monto máximo anual de UF 500 -alrededor de 12 millones 500 mil pesos- .

Votación que se dio hace ya más de una semana y a días de la del proyecto sobre fortalecimiento de la democracia que prohíbe a las empresas donar dinero a la política y crea un nuevo sistema de financiamiento estatal.

A favor de la indicación se manifestaron los socialistas Osvaldo Andrade y Leonardo Soto, los PPD Guillermo Ceroni y Daniel Farcas, los falangistas Aldo Cornejo y Fuad Chahín y Hugo Gutiérrez del PC. Se abstuvieron los UDI Marisol Turres, Juan Antonio Coloma, Arturo Squella y Renzo Trisotti.

Soto, quien promovió la iniciativa, argumentó a su favor indicando que se trata de aportes fuera de la época de campaña. Sin embargo, y según lo discutido en la Comisión Engel, el financiamiento a personas y a partidos iba a quedar por fuera de la ley para evitar problemas futuros.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, explicó el origen de esta indicación: “Es una polémica que se ha dado en torno, básicamente, a lo que es el financiamiento de los partidos políticos que tienen un pequeño patrimonio que han acumulado a lo largo de muchas décadas, muchas veces provenientes de cotizantes que son militantes o sindicatos que han aportado para la compra o construcción de sedes partidarias, y en el marco de ese patrimonio que los partidos deben administrar, reciben retornos por esa administración por arriendos o por sedes compartidas, o también por algunos recursos que ponen en instrumentos de ahorro de inversión. En torno a esos retornos es que se buscó, a través de una indicación, buscar la manera en que no se bloqueara ese funcionamiento, porque es parte de la administración de un patrimonio que ya tienen los partidos”.

Sin embargo, ante las reacciones generadas por esta modificación, el diputado Soto sostuvo que se harán los cambios necesarios para que no se permita, de ninguna manera, que empresas puedan financiar partidos políticos.

“Hemos visto ahora que deja la puerta abierta para que se pueda colar financiamiento de empresas como el que ha escandalizado a este país. Y siendo así, dejándose el espacio para eso, que está fuera de toda la idea matriz que teníamos al preparar esta indicación, he tomado la decisión de buscar eliminar esa indicación, y buscar sustituirla por otra que sea mucho más tajante en términos de prohibir los aportes de empresas en general, no de estas empresas vinculadas a partidos, a partidos políticos”

Para Claudio Fuentes, director de la escuela de Ciencia Política de la UDP esto va en contra de todo lo que se ha discutido. Por ello, dijo a la prensa que “sorprende que los actores de la Nueva Mayoría hayan propuesto esta indicación”.

En el mismo sentido, para el diputado Pepe Auth (PPD) “las mismas razones que llevan a terminar con el aporte de personas jurídicas a candidatos, valen para los partidos”.

Para Guillermo Teillier (PC) la opción de que las empresas aporten a los partidos “tiene que cerrarse”. El líder del PC aseguró entender el interés de fondo, pero aseguró que la redacción fue equivocada. “Se apuraron mucho los diputados porque había un compromiso del Ejecutivo de hacer una indicación acotada respecto de esto”, dijo haciendo referencia a la explicación entregada por Leonardo Soto sobre la intención de la iniciativa que buscaba “abrir el debate sobre una realidad práctica en cuanto a una actual forma de financiamiento de algunos partidos políticos, en particular sobre los recursos que reciben a partir del patrimonio que gestionan fondos de ahorros de inversión o administradoras inmobiliarias”.

Pero una vez conocida la votación parlamentaria La Moneda aseguró que se repondrá la prohibición de cualquier tipo de aporte. A la vez que Eduardo Engel, quien presidió la comisión de transparencia, calificó de impresentable la situación, pese a que su fin fuera que los partidos puedan recibir ingresos de empresas donde tienen participación.

A su juicio, lo grave de la iniciativa es que “los aportes de empresas conllevan subsidios tributarios que financiamos todos los chilenos y como los empresarios suelen estar a la derecha de la mayor parte del electorado, terminamos con que todos los chilenos subsidiamos a los candidatos preferidos de los empresarios”, por eso llamó a que quienes quieran financiar partidos o candidatos a que lo hagan de forma individual.