Hasta las dependencias de la Superintendencia del Medio Ambiente arribó un grupo de representantes del colectivo de organizaciones contrarias a la central Alto Maipo, en compañía de la diputada comunista Camila Vallejo y de la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Valentina Saavedra.

En la ocasión presentaron una denuncia por incumplimiento a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la iniciativa, luego que se detectara el tránsito de maquinaria pesada por el sector del Cajón del Maipo, sin las debidas medidas de seguridad, poniendo en riesgo la integridad de los vecinos.

Al respecto, María Jesús Martínez, integrante de la Red Metropolitana No a Alto Maipo, detalló cuáles son los principales riesgos que corre la población. “En cualquier momento esos camiones pueden ocasionar algún accidente grave, de hecho ya es habitual que esos vehículos se vean involucrados en hechos de ese tipo”.

La denuncia se suma a otras que ya han sido presentadas y que se relacionan con el impacto negativo que la instalación de la central ha generado para los ecosistemas de la precordillera de la Región Metropolitana, las que han sido desestimadas por las autoridades.

En ese sentido, Valentina Saavedra criticó la displicencia que han mostrado las autoridades respecto de las demandas de los ciudadanos. “Los compañeros han pedido audiencias y no se las dan, no se les contesta. Entonces nos parece que se necesita una voluntad política real de hacer las cosas bien”, sentenció.

La Red Metropolitana No a Alto Maipo cuestionó además la designación de Jorge Rodríguez Grossi, actual presidente ejecutivo de Alto Maipo, como presidente de BancoEstado.

En esa línea, la diputada Camila Vallejo apuntó a la “puerta giratoria” entre el mundo político y el privado, por lo que llamó a acelerar la tramitación de los proyectos sobre probidad en la política. “En el marco de los temas medio ambientales hay muchos casos de este tipo, muchos intereses cruzados y eso genera mantos de dudas en toda la población”.

La organización ambientalista anunció que continuará con el proceso de movilizaciones, pues consideran que se trata de un proyecto que pone en jaque el abastecimiento de agua potable de toda la Región Metropolitana y la calidad de vida de más de siete millones de habitantes.