Como primer punto en la tabla de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones quedó fijada la exposición del Consejo de Defensa del Estado (CDE), así como de los querellantes, respecto de la sentencia que aumentó a presidio perpetuo simple la condena para Enrique Villanueva por el crimen del ex senador Jaime Guzmán, ocurrido en abril de 1991.

Ante este nuevo escenario, el abogado Roberto Celedón acudió con un recurso de queja, afirmando que se silenció la apelación en contra de la sentencia de primera instancia, que fue dictada por el juez Juan Cristóbal Mera, a quien el propio Villanueva criticó por sus actuaciones en la judicatura, luego que elevara en cuatro grados la pena, sin argumentos razonables.

El ex frentista ha sostenido su inocencia al señalar que fue marginado de la dirección general del FPMR en agosto de 1989, es decir, dos años antes de la muerte de Guzmán.

A la salida de los alegatos, Villanueva pidió a la Justicia “reestablecer el Estado del Derecho en esta causa”. El sindicado como “Comandante Eduardo”, vocero del Frente, pifió “que la ley se aplique, que se llegue a la verdad y eso implica que se actúe en derecho”. Además, añadió que es “absolutamente inocente” y que “no hay ninguna prueba que diga lo contrario”.

El propio Villanueva aseguró que “el caso ha sido cerrado y reabierto a raíz de publicaciones de prensa, que incluyen un tendencioso reportaje de televisión” y que “buscaban encontrar nuevas responsabilidades en la muerte del senador para generar la idea de un empate político”.

Por su parte, el abogado Celedón expuso que en este caso se está utilizando tanto la Ley de Seguridad del Estado como la Ley Antiterrorista, pero sin las modificaciones realizadas en 2002. En ese sentido, afirmó que “estamos frente a un cuadro de despotismo judicial”.

“En esta causa está comprometido el Estado de Derecho en Chile, porque se ha seguido un procedimiento que está expresamente derogado y se ha aplicado un procedimiento ultra inquisitivo, realmente cavernario, donde las posibilidades del perseguido se limitan de manera extrema y se le priva de una serie de garantías procesales”, afirmó el jurista.

En ese sentido, añadió que “si se materializa la decisión del señor Mera, Chile quedará como un Estado completamente incumplidor de los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos”, Asimismo, recordó que Chile ya ha sido cuatro veces condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En la audiencia estuvo presente el diputado Sergio Aguiló, quien se reconoció amigo del ex frentista, además de querer dar una señal política ante la preocupación por el uso de las leyes en este caso. Por ello, el parlamentario se sumó a las críticas contra el juez Mera.

“Hay en la judicatura gente que fue muy partidaria de la dictadura militar de Pinochet, de la UDI y todos sus seguidores, y uno de ellos es el señor Mera, que es un pinochetista reconocido y que ha pasado por encima de todas las normas en un ánimo revanchista, donde quiere tomar venganza política contra un ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que nunca desconoció su membresía, pero que salió de allí antes de que se cometiera el crimen”, detalló.

Aguiló planteó que en democracia han ido derogando y modificando varias leyes que son consideradas “enclaves de la dictadura”, pero indicó que en el Poder Judicial “aún hay ministros que fueron abiertos y obsecuentes partidarios de la dictadura”. En esa línea, hizo un llamado a estar atentos al desarrollo de este proceso, porque “aquí hay más que la condena de un ex frentista en juego”.