Un donante anónimo fue quien entregó a Londes 38 este informe de Jipol en el marco de la campaña “No Más Archivos Secretos”.  Se trata de un documento  que detalla los contenidos del llamado Archivo de la Colonia Dignidad, constituido por el material incautado los años 2000 y 2005, que está en poder del magistrado Jorge Zepeda, quien investiga los crímenes cometidos en el recinto.

Recordemos que Londres 38 en junio del 2014 hizo entrega de las casi 46 mil fichas del archivo, que no son más que una ínfima parte del contenido que el juez ha guardado bajo absoluta reserva. El informe de más de mil páginas que hoy se hace público constituye una guía, una verdadera carta de navegación de ese material.

El informe corrobora una vez más la relación y el fluido intercambio de información entre Colonia Dignidad y los organismos represores de la dictadura. También revela que la hoy llamada  “Villa Babiera” realizaba labores de inteligencia desde los años 60, es decir, antes del Golpe,  con lo que se constata que mantiene un nivel de autonomía en sus operaciones y su manejo de la inteligencia.

En ese sentido, María José Pérez, Coordinadora de Londres 38 puso el acento en la independencia que tenía la ex Colonia Dignidad y su propio trabajo de inteligencia: “Por lo mismo espía y vigila también a los agentes del régimen, como una estrategia para protegerse y blindarse. Así, hay una relación de colaboración interesada, que tienen que ver también con compartir los planteamientos político ideológicos de la dictadura, pero también hay una actitud defensiva”, afirmó.

Otro de los elementos que deja ver el informe de Jipol es que dentro de Colonia Dignidad se entregó formación a agentes militares y a los propios colonos en materia de inteligencia y en supervivencia. Incluso se habla de operativos de defensa, realizados por los colonos dentro del territorio, pero también dirigidos hacia sus vecinos o campesinos del sector como medidas de autodefensa.

En ese sentido, el Espacio de Memoria hizo un llamado a la Justicia a investigar episodios como la Operación Cerro Gallo, donde hay un trabajo conjunto entre colonos y miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), como otros elementos que pudieran surgir de los datos. También extendió el llamado a los medios de comunicación y a todo ciudadano que quiera acceder al material, disponible en el sitio electrónico Londres38.cl

La organización insistió en la necesidad de romper el secreto y acabar con los pactos, llamado que fue compartido también por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, tal como indicó una de sus fundadoras, Magdalena Navarrete, madre de Sergio Reyes, de quien aún no se tienen pistas ni información alguna de su posible paradero.

“Ya casi no aparece información, está muy cerrado el acceso a ella. Este tipo de cosas nos ayuda mucho a clarificar los hechos, y ojalá a incentivar a otros organismos o particulares a entregar información, porque los familiares tenemos una necesidad muy grande de saber el destino de nuestros seres queridos”, dijo la dirigenta.

“La falta de respuestas sobre dónde están los desaparecidos es una forma de perpetuar el castigo a la sociedad chilena”, añadió María José Pérez, quien llamó a avanzar en verdad y justicia cuando, a 42 años del Golpe de Estado, hoy sólo hay certezas en el siete por ciento de los casos registrados.