Convocada por la organización Meli Wixan Mapu, la “Marcha por la resistencia Mapuche” contó con la participación de representantes de diferentes comunidades mapuches y organizaciones sociales.

Recuperar la tierra usurpada, el derecho humano a la libre determinación y sobre todo el fin a la militarización de La Araucanía fueron los temas que marcaron la última marcha por la resistencia mapuche. La manifestación fue calificada por los organizadores con un momento para denunciar que el Estado, en defensa de los intereses del gran empresariado forestal, sigue “usurpando las tierras del pueblo mapuche, reprimiendo su lucha y criminalizando sus demandas”.

El werken Rodrigo Kuripan de Lof Rankilko, reivindicó a los presos políticos mapuches: “Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades: esto tiene sacrificios. Hay presos políticos mapuche que están hoy día en las cárceles y nosotros vamos a continuar no solo con el apoyo a ellos, sino que por ellos vamos a continuar la lucha y por los que han muerto también”, señaló antes de afirmar que “es necesario señalar al país y al mundo que la lucha mapuches, que la lucha de los pueblos oprimidos no puede detenerse, tiene que continuar”.

Actualmente, 16 personas vinculadas a la causa mapuche se encuentran en prisión en distintos recintos penitenciarios del sur del país. La mayoría lleva meses en prisión preventiva a la espera del desarrollo de los juicios o de la sustitución de la medida cautelar.

Claudia Necul, parte de la Comunidad “Rodrigo Melinao”, se refirió al proceso judicial que enfrenta su pareja, el werkén Hugo Melinao, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva,  formalizado por  incendio y homicidio frustrado a carabineros: “Como mi esposo no quiso recibir ningún asistencialismo del estado, el estado se encargó de asesinarle a su hermano y hoy en día lo tiene encarcelado por el derecho de querer hacer justicia. Hoy está en prisión preventiva y también casi lo mataron. Hoy se encuentra bien, esperando el juicio tranquilo y sabiendo que este es un tema político”, declaró.

En la misma línea, el Peñi de la comunidad Follen Mapu, Freddy Marileo, afirmó que la militarización de La Araucanía es una política de  dictaduras  y advirtió que las comunidades seguirán haciendo frente a esta situación: “Seguimos firmes independiente de la política de dictadura que lleve el gobierno en nuestra zona. Como comunidad vamos a seguir resistiendo hasta las últimas consecuencias, hasta recuperar nuestro territorio que fue invadido y que hoy día está en manos de forestales particulares y muchos latifundistas”.

Estrategias represivas

Víctor Queipul, lonko de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, denunció lo que consideró como la complicidad del gobierno a través de la gobernadora de Malleco y las empresas forestales que financian las acciones violentas del llamado “Comando Hernán Trizano”, el que sería ocupado de manera estratégica para reprimir al pueblo mapuche.

“Le están pagando a un grupo de particulares, por ejemplo financiándolos, comprándoles armamento, comprándoles radio comunicación, llevándoles vehículos para de alguna manera reprimir a los mapuche. No solamente son pagados por los grandes particulares, los grandes colonos, sino que también el Estado chileno está financiando a aquellos paramilitares que están existiendo en el sur”, denunció Queipul.

Violencia contra los niños

El lonko de la Comunidad Autónoma de Temucuicui fue en enfático en denunciar la delicada situación de los niños y niñas que viven en las comunidades y declaró que también ellos serían víctimas de una dura represión.

“Hace una semana atrás hicieron un allanamiento a la comunidad de Rankilko donde detuvieron a una guagüita de dos años y medio. Eso no es respetar el derecho del niño. Pero los parlamentarios, los políticos y los partidos políticos todos los días dicen que están legislando para que haya una igualdad de derechos, pero eso existe con los mapuches”, señaló.

Hace un año, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la UNICEF rechazaron enfáticamente la falta de proporcionalidad y racionalidad en la utilización de medidas coercitivas en contra de niños y adolescentes mapuche. Las organizaciones de derechos humanos afirmaron que existe una sistemática vulneración de los estándares internacionales en lo relacionado con el tratamiento de niños y niñas privados de libertad.