La gratuidad anunciada por el Gobierno para la educación superior mantiene las diferencias respecto de su financiamiento. Y es que el hecho de que el Ejecutivo haya enviado al Congreso vía glosa presupuestaria su propuesta, y no a través de una ley en particular, tiene a muchos bastante disconformes.

Como parte de las discusiones presupuestarias de las distintas partidas, este lunes fue el turno, entre otras, para la N°9, correspondiente al Ministerio de Educación (Mineduc). La Cuarta Comisión Especial Mixta, presidida por el senador socialista Carlos Montes, es la encargada de votar su aprobación o rechazo.

En la antesala quedó claro que no estaban asegurados los votos para ello. No solo porque desde la oposición hayan insistido en que votarían en contra de la propuesta, por considerarla “arbitraria, sesgada y abusiva para miles de estudiantes de escasos recursos”, como lo planteara el diputado RN Alejandro Santana, integrante de dicha Comisión. También porque desde el interior de la Nueva Mayoría hace rato que existen cuestionamientos.

De hecho, son varios los que exigen una mayor claridad respecto de la asignación de los recursos. Por ejemplo, qué ocurrirá con el tema de los aranceles. Así lo ha manifestado el senador socialista Carlos Montes, presidente de la instancia, quien ha adelantado que podría aprobar la propuesta del Gobierno, pero siempre que se disponga de mayores definiciones.

En definitiva, la votación deberá esperar, pues este lunes los parlamentarios solo alcanzaron a votar los recursos para la Agencia de Calidad de la Educación y para Junaeb. Este martes se revisará la situación de la Educación Parvularia, mientras que el jueves se concluirá con todos los temas restantes, entre los que figura la gratuidad para la educación superior.

De esta manera, el Gobierno dispondrá de más tiempo para introducir indicaciones y convencer a los legisladores de aprobar la cuestionada glosa.

Esto, porque desde la Democracia Cristiana hay molestia. Incluso advierten que tal como está la propuesta, los parlamentarios no darán sus votos. El diputado Pablo Lorenzini anticipa que recién la próxima semana, en el marco de la comisión mixta presupuestaria, podría resolverse el tema de la gratuidad. Pero no más allá de ese plazo.

También Ignacio Walker asegura que existen muchas dudas respecto de la cuestionada glosa.

“No se puede pretender un cambio de paradigma en la educación a través de una partida y una glosa presupuestaria. No es ese el sentido de la Ley de Presupuestos. Además que es discriminatorio, porque hay alumnos vulnerables de primera categoría, que son los que están en el Consejo de Rectores, y alumnos vulnerables de segunda categoría, que son los que no están en él”, manifestó el senador.

Además, reveló que “hemos hecho una propuesta alternativa con el senador Andrés Zaldívar y el ex ministro de Educación José Pablo Arellano. Espero que el Gobierno nos escuche”.

Por ahora, insiste Walker, los votos de la DC no están disponibles. Esto, al asegurar que recién en abril las instituciones de educación superior conocerían las cifras de recursos a recibir, lo que atentaría contra el proceso de postulación de los estudiantes como también contra la planificación de las propias instituciones.

Su propuesta no se mueve de las becas. La idea es pasar desde el sistema de aranceles de referencia a cubrir el costo efectivo de las carreras, particularmente para el mayor número de alumnos de los deciles más bajos.

Las diferencias por el AFI

También entre los rectores de las universidades estatales existe preocupación. El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, advierte que en ningún caso estos planteles se verían beneficiados por excluir del sistema de gratuidad a otras instituciones universitarias.

“Pensamos que es un sistema que tiene que estar abierto desde luego a todas las universidades del Cruch, pero también al resto del sistema universitario”, insiste el presidente del Consorcio de Universidades del Estado (Cuech).

“Nosotros como universidades estatales bajo ninguna circunstancia vamos a conversar, negociar o poner condiciones a la gratuidad. La gratuidad es algo consustancial a la educación pública. Nosotros vamos a estar en la gratuidad sin importar lo que pase. Y mientras más accedan a la gratuidad y tengamos garantías de que la gente que esté entrando lo hará bien, nosotros felices”, aclara la autoridad.

Por ello, el tema de los Aportes Fiscales Indirectos (AFI) no pasa inadvertido. “Implica un ingreso relevante para muchas universidades, por lo que si se modifica habrá que ver que se haga de tal manera que no existan universidades perjudicadas”, anticipa Vivaldi, agregando que “como concepto se ha considerado por mucho tiempo que es insostenible. Responde a una idea muy cuestionable de una lógica de mercado, cuestionada en todo el mundo respecto del manejo de las políticas universitarias”.

En esa misma línea, el rector de la Universidad Católica Silva Henríquez, Jorge Baeza, apunta a que “siempre hemos considerado que el AFI es un sistema de financiamiento regresivo y discriminatorio”.

Él mismo asegura que su eliminación “se convierte en una doble oportunidad: terminar con un mecanismo que no favorece la equidad y la posibilidad de ofrecer mejores condiciones a los planteles que decidan implementar la gratuidad el 2016, todo en favor de una educación gratuita y de calidad”.

Se trata de un ítem que en el Presupuesto para 2016 considera un monto por 25 mil millones de pesos.

Por ello, desde el Mineduc insisten en que se trata de un tema que deberá ser abordado durante la discusión del proyecto de Reforma a la Educación Superior. Así lo ha reconocido la subsecretaria de la cartera, Valentina Quiroga, la misma que tampoco descarta la posibilidad de introducir modificaciones a la partida de educación, con el objetivo de asegurar los votos para que sea aprobada.