Una auditoría externa revelada por El Mercurio obligó a las autoridades de la Cámara de Diputados salir a dar explicaciones al revelarse que la corporación habría prestado a parlamentarios casi 150 millones de pesos entre 2013 y 2014, como “adelantos” de su dieta.
Según la publicación se trataba de créditos sin interés ni reajustes. Como ejemplo, un legislador recibió seis créditos en los períodos 2013 y 2014, sumando un total de 44 millones de pesos, los cuales “son descontados en 28 cuotas sin ningún reajuste”.
Sin dar nombres, el informe de la consultora Ossandón & Ossandón informa de otros cinco diputados que habrían recibido estos adelantos, aunque según trascendidos de prensa los involucrados serían Marisol Turres de la UDI, Diego Paulsen de RN, Claudio Arriagada y Jaime Pilowsky de la DC, Yenny Álvarez del PS y Cristián Campos del PPD.
Además, según señala el documento, “las salidas de efectivo corresponden a anticipos de la dieta que se pueden otorgar a los diputados, facultados por lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso”.
El presidente de la Cámara, (PPD) Marco Antonio Núñez, corroboró la información, aunque parcialmente: “La información es correcta, relativamente, hay algunos montos que no corresponderían a la realidad. Los nombres de los diputados que pidieron adelantos de sus dietas para enfrentar situaciones calificadas hace más de un año atrás no va a ser secreto, ni siquiera está en la auditoría. Si cada diputado o diputada personalmente quiere dar a conocer su situación está en el libre derecho de hacerlo”.
Por su parte, el secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, detalló la operatividad de la dieta parlamentaria, la que ha ido cambiando recientemente.
“La dieta no es remuneración, está regulada constitucionalmente. En estricto rigor si un parlamentario nos pidiera el año de la dieta tendríamos que pagárselo. Lo que pasa es que por cuestiones financieras la Cámara tiene acuerdos internos de no pagar. Ustedes han visto que la Cámara ha adoptado una serie de criterios en los últimos años para regular más el tema”.
Además, desde la Cámara Baja afirmaron que dicha entrega de recursos “hace más de un año y medio que no ocurre y se han tomado las medidas para que no vuelva a ocurrir porque efectivamente el Congreso no es para hacerle préstamo a sus funcionarios”.
Por su parte, el informe de la consultora Ossandón & Ossandón concluye que “el registro contable de esta transacción es erróneo y poco transparente, ya que otorgar el préstamo se registra como un gasto, y no como una cuenta por cobrar a un tercero, lo que dificulta el control de ésta”.
