El Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar ordenó indemnizar a todos los alumnos de la Universidad del Mar que se encontraban estudiando o vinculados a la casa de estudio al momento del primer anuncio de cierre, ocurrido en 2012.

La sentencia dada a conocer el 8 de enero y publicada en el diario El Mercurio de Valparaíso, nació como respuesta a una demanda colectiva interpuesta por el Servicio Nacional del Consumidor de la Región de Valparaíso, zona a la que pertenecía la institución. Sin embargo, la resolución, expresa claramente que los pagos se deben hacer efectivos para todos los alumnos del país.

En síntesis, lo que pide la demanda ingresada en octubre de 2012 es el reconocimiento de las “cláusulas abusivas” que el plantel obligaba a firmar a sus estudiantes. El objetivo era lograr la indemnización total de los estudiantes, incluyendo el pago por el detrimento del título profesional que se obtenía en el plantel, una vez conocidas las precariedades que vivían quienes se formaban en el lugar.

La última respuesta de la Corte responde a una apelación hecha por el Sernac, donde exigieron revisar los beneficios aceptados en primera instancia. Lo que finalmente logró consolidar la sanción.

Por parte del síndico de quiebra de la U. del Mar ya presentaron su propia apelación al fallo condenatorio. El argumento en el que se basan para solicitar la nulidad es que los acreedores del plantel se encuentran “tanto o más afectados que los alumnos de la casa de estudios”. Además, mencionan temas de forma, para revertir el dictamen del Tercer Juzgado Civil.

Se espera que los antecedentes de las partes sean revisados durante las próximas semanas en la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Los estudiantes, por su parte, recibieron “con incredulidad” la noticia. Así lo confesó Raúl Soto, ex Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Mar, a la prensa. En su declaración, Soto reconoció que no saben si los recursos de la Universidad serán suficientes para cancelar la indemnización a los 20 mil estudiantes. De no ser suficiente, dijo, que la justicia tendría que pedir el patrimonio personal de los dueños. Como alternativa, planteó que el Estado tendría que hacerse cargo del dinero faltante.