Durante la semana pasada, la Dirección General de Aguas (DGA) de Arica y Parinacota, junto con la Conadi, firmaron un convenio para regular derechos de agua de las comunidades aymaras.
El acuerdo contempla modificaciones del artículo 2 transitorio del Código de Aguas. Sin embargo, con la actual tramitación del proyecto que modifica este Código, creado en 1981, estos acuerdos podrían volver a verse afectados, dependiendo del resultado final de la reforma. El proyecto se encuentra en la comisión de Agricultura desde octubre de 2015 y durante estas semanas inició su votación en particular.
Las indicaciones que hasta el momento han sido aprobadas dicen relación con la protección de territorios indígenas, según estén dispuestas en asociaciones de agua potable rural, comunidades indígenas y comunidades campesinas. Además, no se podrían otorgar derechos de agua en las áreas declaradas bajo protección oficial de la biodiversidad. Esta regulación se otorgará bajo la figura de concesiones que serán entregadas por dos o tres décadas y serían renovables.
El diputado DC Sergio Espejo explicó que dos de los puntos más debatidos han sido la extinción del derecho de aprovechamiento de agua por no uso y un mecanismo que evalúe el uso del agua para actividades económicas.
Rodrigo Faúndez, vocero del Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida, valoró que los derechos de agua no sean otorgados a perpetuidad. Sin embargo, el 90 por ciento de los derechos de agua ya están entregados y la reforma no contempla su modificación: “El problema está que no se toca la propiedad que ya existe. El 90 por ciento de los derechos de aguas que ya están otorgados no se van a modificar, lo dijo el ministro de Obras Púbicas, Alberto Undurraga, cuando inició este Gobierno y se ingresó la indicación sustitutiva en la Cámara Baja. Por lo tanto, no se van a expropiar las aguas entregadas por el Estado que han servido para lucrar”, afirmó.
Mientras, para Jorge Godoy, presidente de la Coordinadora del Agua de Copiapó, este proceso de modificaciones no va a ser efectivo, porque todos los derechos están sobre otorgados y en la zona norte ya casi no quedan ríos que proteger: “La ley ya no tiene efecto sobre la vida real de las personas. Acá en Copiapó están sobre otorgados los derechos de agua, tanto superficiales como subterráneos. En el sector de Piedra Colgada está bajando el agua un metro mensual, así que ya es una catástrofe a mediano o corto plazo”, explicó.
Luego de distintos cuestionamientos y peticiones de modificar esta normativa, el Gobierno decidió no ingresar un nuevo proyecto sino que sustituir ciertos artículos.
Recordemos que el Foro Mundial del Agua realizado en Corea, en 2015, propuso a los países realizar adecuaciones en todas las instancias institucionales y normativas para asegurar la seguridad hídrica a nivel mundial, algo que está reforma en Chile no asegura a la población.
