El Mercurio en su editorial de este viernes se refiere al fallo del Consejo para la Trasparencia, que acogió la solicitud de la periodista Catalina Gaete y ordenó al Estado Mayor Conjunto entregar las actas del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) entre 1998 y 2012 al considerar que se trabaja de un proceso histórico, ya cerrado y que la ciudadanía tiene derecho a conocer.

El medio defendió la tesis del Estado Mayor Conjunto y del Ministerio de Defensa al afirmar que aquí estén en juego asuntos relativos a la Seguridad Nacional, citando un reportaje que el mismo medio elaboró y donde parlamentarios consideraron “imprudente” revelarlas, aludiendo también a la posible afectación de este precepto.

Esto pese a que la entonces presidenta del organismo, Vivianne Blanlot, sostuvo que se ordenó que todas las actas que contienen alusiones a esos temas (relaciones internacionales o asuntos limítrofes) se mantengan en reserva y que se entreguen sólo las que tengan relación con otras materias.

“Constituye un exceso de celo lo obrado por el Consejo cuando omite los efectos que puede generar la divulgación de antecedentes que afectan a bienes superiores que es necesario preservar”, cierra la editorial de El Mercurio y luego recuerda que el Gobierno aún está analizando si recurrirá o no a la Corte de Apelaciones de Santiago para intervenir en el dictamen del Consejo para la Transparencia.

Ante esto, la Presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, afirmó que el medio busca incidir en el curso de los hechos y catalogó la editorial y la postura expresada en el periódico como “lamentable”.

“Una vez más el diario El Mercurio, que es uno de los más visibles, de los más incidentes en el establecimiento de pauta periodística a nivel nacional y que posee una gran propiedad de medios en el país, nuevamente esté actuando a través de sus editoriales -que son legítimamente su opinión-, pero a través de ellas busca finalmente instalar ideas que, a la larga, buscan cercenar derechos”, afirmó.

Para la periodista, aquí la editorial tiene la intencionalidad de poder contrarrestar y contradecir el planteamiento del Consejo para la Transparencia, institución que busca preservar el derecho a la libre expresión y la información del pueblo.

Por su parte, Renato Garín, académico de la Universidad de Chile y especialista en temas de trasparencia, también criticó la editorial y sostuvo que El Mercurio actúa bajo errores jurídicos y políticos.

“Esta editorial es una vergüenza. El Mercurio se está cuadrando con una tesis completamente errada respecto de si acaso la Seguridad Nacional es un veto contra la transparencia, yo creo que eso es un error jurídico y a eso se suma un tema político que es que el Estado Mayor Conjunto lo que está haciendo es proteger una verdad histórica que no ha estado a la luz, que no ha aparecido con claridad y que creo todos nos merecemos que aparezca”, dijo.

A esto se sumaron fuertes reacciones desde el mundo político. El senador Alejandro Guillier, presidente de la comisión de Defensa de la Cámara Alta afirmó que en todos los países democráticos existe el principio de la transparencia, y que el mantener información oculta o secreta es para casos muy particularísimo que tiene que ver con la seguridad del Estado.

Sin embargo, advirtió que “en Chile esa norma va mucho más allá” porque actos que son de interés público se ocultan y añadió que “no hay ninguna razón para que las decisiones del Consejo de Seguridad referidas a la democracia o al funcionamiento de las instituciones haya sido reservada, no tenía sentido, no es ese el propósito”.

El parlamentario indicó que mantener el silencio a estas alturas sólo revela que hay gente que se siente afectada por decisiones que se tomaron en esa oportunidad y que hoy día los pondrían en una situación de entredicho. “Lo que están tratando de evitar es que una opinión pública, que hoy día está reclamando con más fuerza que nunca sus derechos y reivindicaciones, pueda enterarse de cosas que son de obvio interés público”, señaló el senador Guillier.

En ese sentido, y desde su condición de periodista, afirmó que le llama la atención una editorial de ese tipo de parte de un medio que, al contrario, debiera estar defendiendo la libertad de información y expresión.

Además, criticó las presiones que denuncia Catalina Gaete, al considerar que este tipo de acciones serían una violación abierta a los Derechos Humanos, ya que ella está ejerciendo el deber de informar y defendiendo el derecho del público a la información.

“Si hubiese cualquier presión de una autoridad eso debiese ser denunciado y motivo de investigación, en este caso por la gravedad y porque involucra a funcionarios públicos, de la Cámara de Diputados que tiene facultades fiscalizadoras”, remató el parlamentario.

Abogado Fernando Zegers: “Editorial es el reflejo de un pensamiento antidemocrático”

En entrevista con Radioanálisis, el abogado de Derechos Humanos, Fernando Zegers, comentó esta editorial del diario El Mercurio y afirmó que “este texto es reflejo de un pensamiento antidemocrático y reaccionario”.

A juicio del abogado “la histeria mercurial no se justifica si usted observa que el Consejo para la Transparencia hizo una clara distinción donde queda excluida la entrega de material que tenga que ver con la seguridad nacional”.

Fernando Zegers agrega que “el Consejo señaló que el contenido de estas actas forman parte de procesos históricos acabados y que deben ser del dominio público y se preguntó si acaso ¿quieren que seamos un montón de imbéciles que no sepamos nada de la historia de nuestro país?”.

El abogado destacó que El Mercurio se equivoca al señalar que el Consejo trasgrede la ley y la Constitución: “Ellos han sido cautos y han accedido a la entrega de información parcial. Creo que El Mercurio además señala que las autoridades del Cosena no pertenecerían a la administración del Estado, no entiendo la lógica con que puede proferirse una afirmación de ese tipo, o sea esas autoridades no tienen ninguna responsabilidad, no forman parte de la administración del Estado de Chile, ¿de dónde provienen entonces? ¿De alguna galaxia?”, afirmó.

Para Zegers, este hecho denota la subordinación de los funcionarios públicos a las estructuras del poder. “Tiene que ver con esa suerte de subordinación al poder, a las relaciones de poder. Los funcionarios, muchas veces, en lugar de cautelar el interés público, se amurallan en torno al poder que construyen dentro de la administración. Lamento la postura que ha adoptado, en este caso, el Ministerio de Defensa”.

El abogado agregó que “ha habido avances importantes a partir de la dictación de la Ley de Transparencia, pero a menudo nos encontramos con actitudes que no condicen con los bienes superiores que se tratan de cautelar con esta normativa”.