La presidenta Michelle Bachelet participó de un acto público donde se reconoció la responsabilidad del Estado en las sentencias dictadas por los Consejos de Guerra, entre 1974 y 1975, a doce integrantes de la Fuerza Área de Chile (FACh).

Se trata del caso “Omar Humberto Maldonado Vargas, entre otros, versus el Estado”, donde también fue víctima el padre de la Mandataria, el general Alberto Bachelet.

Esta es una de las medidas reparatorias dictadas el 6 de octubre de 2015 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que da cumplimiento a seis de las ocho medidas emitidas por el organismo internacional.

En la instancia se escuchó bastante emocionada a la Mandataria señalar que es un avance importante en el reconocimiento de los derechos humanos.

Aunque recalcó que existen deudas pendientes respecto a las actuales condiciones en que se siguen perpetrando otras vulneraciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

“El fin último de los derechos humanos es respetar la dignidad de las personas. Es el Estado de Chile que en este caso y en otras violó estos principios. El Estado de Chile se equivocó gravemente y hoy estamos aquí para reconocer esa responsabilidad y reparar a las víctimas que vieron su dignidad violentada”, expresó.

En tanto, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, precisó que el fallo internacional debe ser de conocimiento público y estará disponible por un año en el sitio electrónico del poder judicial, tal como dispuso la Corte.

Mientras, en representación de las doce víctimas ex integrantes de la FACh, Ernesto Galaz, quien en al momento del golpe de Estado se desempeñaba en el Estado Mayor de la institución, recordó las instancias judiciales a las que tuvieron que recurrir previo a la sentencia de la Corte Interamericana.

“En 2001, la Corte Suprema rechazó el recurso de revisión que interpusieron nuestros abogados del Corporación de Promoción de Defensa del Pueblo, Codepu. Luego, en 2003 nuevamente rechazó un recurso de reposición. Agotadas todas esas instancias acudimos a la CIDH que hoy culmina con este acto de reconocimiento de responsabilidad internacional”, detalló.

Por otro lado, y también en materia de derechos humanos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) recurrió a los Tribunales de Justicia para apelar por la decisión que otorgó la libertad condicional a Raúl Iturriaga Neumann, ex subdirector de la DINA.

La presidenta de la organización Lorena Pizarro señaló que “lo fundamental es reconocer cómo la Corte Suprema hace oídos sordos de lo que es el derecho humanitario internacional”.

En el acto público también estuvieron presentes algunos parlamentarios, el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, y su par en el Senado, Ricardo Lagos Weber. Este último también mencionó algunas palabras, particularmente refiriéndose a la excesiva demora de la Justicia chilena respecto de la resolución de estos casos de derechos humanos que finalmente han llegado a instancias internacionales.

Otro de los puntos de esta sentencia estipulaba el pago de indemnizaciones a las víctimas, lo que se concretó en diciembre de 2015, cuando se les pagó a 11 de las 12 víctimas. Respecto a una de ellas, sus herederos estarían haciendo las gestiones para obtener la documentación necesaria para obtener esta medida reparatoria.

También, este miércoles la Presidenta participó de la ceremonia en que se dio a conocer la placa conmemorativa de las doce víctimas de la FACh y que se instaló en la Academia de Guerra Aérea, otros de los puntos integrados en esta sentencia.