Hasta el ministerio de Justicia acudió el abogado Raúl Meza para presentar una petición de indulto para cuatro criminales condenados por violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante la dictadura cívico militar que encabezó Augusto Pinochet.

El abogado sostuvo que esta es “la primera petición de indulto colectiva que se hace en el país, lo que constituye un hecho histórico para los familiares de estos condenados”. El profesional agregó que estos requerimientos dicen relación “con cosas estrictamente humanitarias” y asegura que se presentaron antecedentes médicos que justifican la petición de indulto.

Meza agregó que además se adjuntaron antecedentes que hablan de otras peticiones de indulto que fueron aceptadas y que no tienen relación con casos de personas con enfermedades terminales. “Se otorgaron indultos a personas condenadas por delitos de terrorismo, por lo mismo, queremos apelar ya no a los tiempos de la justicia, sino que a los de la misericordia”, afirmó.

El abogado adelantó además que durante este mes de diciembre, reclusos de la cárcel de Punta Peuco darán “una importante señal de arrepentimiento y perdón” y señaló que “por lo tanto, la Presidenta tiene una oportunidad histórica de consolidar la reconciliación”.

En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, aseguró que “no se trata de sentimientos sino de justicia”, y que es la Mandataria quien debe pronunciarse sobre los beneficios carcelarios y no sus ministros.

El abogado de derechos humanos Cristián Cruz dijo que las autoridades del Gobierno, en especial el ministro de Justicia quien se mostró partidario de otorgar beneficios carcelarios a criminales de lesa humanidad, han generado un clima propicio para justificar los indultos en base a supuestas razones humanitarias.

Los crímenes de los condenados que buscan el indulto

Los nombres por los cuales se realizó esta petición de indulto corresponden a Pedro Eduardo Vivian Guaina, René José Guillermo Cardemil Figueroa, Marcelo Castro Mendoza y Gustavo Muñoz Ramírez. Todos condenados por crímenes contra la humanidad.

En el caso de Pedro Eduardo Vivian Guaita, se le condenó por su participación en un caso de detención y tortura ocurrido en la ciudad de Copiapó en el año 1975, cuando el oficiaba como suboficial de Carabineros.

Guaita, junto a otros siete agentes de la dictadura, detuvieron a la víctima y su esposa Nicza Báez en 1975, siendo conducidos a la sala de guardia de un recinto militar en Copiapó, donde fueron separados. Posteriormente fueron reunidos y llevados hasta el segundo piso del Regimiento de Infantería Motorizada Número 23, donde los vendaron, interrogaron y torturaron, logrando solo Báez recuperar su libertad.

En tanto René José Guillermo Cardemil Figueroa fue condenado a 10 años de prisión por su participación en el homicidio de 6 personas. Él, junto a otros miembros de la Escuela de Suboficiales del Ejército allanaron violentamente los departamentos de la Torre 12 de la remodelación San Borja, obedeciendo a una falsa denuncia contra uno de los detenidos de parte de una vecina. El allanamiento sorprendió a los inquilinos del edificio mientras dormían en sus departamentos. Los militares procedieron a detener a 6 personas, 2 turistas argentinos, un funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI), un estudiante universitario, un cirujano dentista y un importador y militante del Partido Nacional.

Los seis detenidos, Ricardo Montecinos Slaughter, Carlos Adler Zulueta , Beatriz Elena Díaz Agüero, Víctor Garretón Romero, Jorge Salas Pararadisi, y Julio Saa Pizarro, cirujano dentista.  fueron llevados a la Casa de la Cultura de Barrancas, Pudahuel, lugar transformado en centro de detención por los agentes de la dictadura Al siguiente día, los detenidos fueron trasladados a los alrededores del túnel Lo Prado, donde se les ordena a cada uno que huya, para simular una fuga, y no obstante los ruegos de clemencia, son asesinadas por ráfagas de ametralladora.

En tanto Marcelo Iván Castro Mendoza, fue procesado como autor de 13 homicidios calificados y 2 secuestros cuando se desempeñaba como capitán de Carabineros. Finalmente fue condenado como autor de los secuestros calificados de Juan de Dios Salinas Salinas y Guillermo Bustamante Sotelo a la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio.